Ante los resultados de las votaciones para la elección de la nueva Defensora o Defensor del Pueblo de Oaxaca, es necesario, legítimo y fundamental que se proponga a una nueva terna.

Conforme lo establece la Constitución Política del Estado de Oaxaca en su artículo 114, párrafo A, es necesario que la persona que aspire a ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, obtenga la votación de las dos terceras partes de quienes integran el Congreso del Estado. Esta característica de las votaciones es conocida como mayoría calificada en el lenguaje parlamentario y tiene cabida, ante la importancia de las decisiones donde la mayoría simple no es suficiente.

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La elección a través de la votación de dos terceras partes, ha sido establecida constitucionalmente, para lograr los consensos entre las diversas fuerzas políticas frente a una decisión trascendental que impacta en los derechos de la sociedad, como lo es, la designación de quien estará al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Hoy presenciamos que las votaciones no fueron suficientes para alcanzar esta mayoría calificada, y persiste en el Congreso del Estado una idea errónea de realizar “rondas de votación” cuando no se trata de un procedimiento correcto. El Reglamento del Congreso del estado prevé dos supuestos en su artículo 157, el primero de ellos refiere al procedimiento para la obtención de la mayoría de votos y el segundo, al de mayoría calificada, previendo para ello, las “rondas de votación” cuantas veces sean necesarias, sin embargo, esto no debe generar una interpretación equivocada, ya que las “rondas de votación” aplicarían para el primer supuesto, y no para el segundo, dada la importancia de la decisión.

Frente a este escenario, quienes integramos la Plataforma Ciudadana la Defensoría que Queremos, expresamos que es fundamental que se respete lo establecido en la Constitución como principio, y no se deje a criterio de una interpretación simplista la decisión de la elección a través de “rondas de votación”.

Esta decisión que deberán tomar las y los diputados tiene que servir para dejar atrás las diversas descalificaciones que ya pesan sobre el proceso de elección, mismas que se han multiplicado desde el momento en que se hizo pública la terna, incluso para dejar atrás señalamientos como una “terna impuesta o a modo”, por ello, exhortamos al pleno del Congreso a devolver a la Comisión Permanente de Derechos Humanos la dictaminación, para que esta a su vez, designe otra terna, integrada por nuevas personas que cumplan con los requisitos
previstos.

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