Los Derechos de los Pueblos Indígenas y la construcción de Estados multinacionales

 

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  Por: Silvina Ramírez¹

1.- Construcción de un nuevo Estado: el Estado multinacional y pluralista

Es notable el salto cualitativo que significa abandonar la idea de Estado- nación (un Estado uniformador que predica la unidad del orden jurídico estatal) para asumir la construcción de un nuevo Estado, signado por procesos de globalización (en donde la posibilidad de que instancias supra-estatales puedan formular una política criminal alrededor de determinadas áreas es hoy una realidad) y por procesos de administración de justicia local, lo que confluye para pergeñar un Estado que se enfrenta a la protección de sus ciudadanos y de los Pueblos indígenas que lo habitan, sin que ello lo comprometa con su fragmentación o con la pérdida de su soberanía o unidad estatal.

Sin embargo, este concepto así formulado no es tan simple de entender o de hacer jugar en una realidad cada vez más dinámica. Los Pueblos indígenas tienden a reclamar medidas destinadas a beneficiarlos, que no siempre son compatibles con la voluntad de las mayorías. La relación entre regla de la mayoría y protección de determinados derechos (en el caso de los Pueblos indígenas, estamos hablando de derechos colectivos) no deja de ser  conflictiva, lo que se agudiza cuando las demandas que surgen de los pueblos indígenas giran alrededor del control de sus propias instituciones,  formas de vida y  desarrollo económico (el “vivir bien” de acuerdo al art. 8 del proyecto de nueva constitución boliviana), así como mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.      

El Estado moderno ha dado respuestas insuficientes al reclamo de los pueblos indígenas, ya sea asegurando que los indígenas puedan estar representados en el Parlamento y que “su voz” sea escuchada  (insuficiente, porque nada garantiza que estos cupos obligatorios puedan maximizar la participación y la toma de decisiones de los pueblos indígenas dentro del ámbito de una mayoría que no pueden vencer); ya sea construyendo un discurso “pseudo pluralista”, sosteniendo que los derechos individuales pueden dar respuestas a reivindicaciones en términos de una protección específica de sus identidades.

De lo que se trata es de discutir cuál es la legitimidad de los Estados en donde la dimensión multiétnica es ya incuestionable. No es casual que en la última década en América Latina se haya gestado un movimiento constitucional que incorpora –en el rango de norma fundamental- un reconocimiento expreso de la diversidad. A ello le sumamos la nueva Constitución de Ecuador y el proyecto de Constitución de Bolivia que configuran un punto de inflexión en el escenario político y jurídico, y que sin duda abren la puerta a nuevos desarrollos constitucionales que tiene como fin la construcción de Estados genuinamente multinacionales. 

2.- Condiciones necesarias para su construcción

Una de las condiciones para la construcción de un Estado multinacional y pluralista es la admisión de la existencia de derechos colectivos. Éstos no son reducibles a derechos individuales, por lo que para preservarlos se hace necesario considerar la existencia de bienes valiosos que no siempre pueden ser traducidos en bienes individuales.       

Si el Estado, argumentando neutralidad, no se involucra en garantizar el acceso a prácticas culturales valiosas, no estaría contribuyendo a eliminar la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las minorías, y en ese sentido, estaría violando el propio principio de igualdad. La igualdad exige el reconocimiento de derechos tales como el de autogobierno, el reclamo de la tierra, derechos lingüísticos que rectificarían las desventajas sufridas por las  decisiones de las mayorías. Los derechos colectivos implican una distribución desigual de derechos y deberes, fundamentado en un principio de diferencia que se encuentra implícito en la defensa del principio de igualdad.

El Estado se construyó alrededor del pensamiento liberal e ilustrado, con basamento en valores tales como la libertad individual frente al Estado y la igualdad formal ante la ley, mientras que los pueblos indígenas cimentaban su visión del mundo en la idea de justicia y de cooperación fraterna. La tensión producida entre estas dos visiones fue inevitable y lo sigue siendo.

A partir de la conformación de los nuevos Estados en América Latina, las constituciones que se establecieron tuvieron una clara inspiración en la Revolución francesa asentada sobre la base de derechos liberales de carácter universal. Luego de más de un siglo y medio, los Estados se enfrentan con la realidad de que la universalidad deseada no podía dar cuenta de derechos humanos que no eran respetados, tales como la preservación de la identidad y la convivencia con la diferencia.

 Los Pueblos indígenas reclaman un reconocimiento que atraviese transversalmente temas de importancia nacional como son los de la tierra, su condición política, sus formas de gobierno y administración de justicia, respeto a sus culturas, participación en la toma de decisiones de gobierno.

 Si bien normativamente se han dado avances en gran parte de los países, lo cierto es que por lo general (sin ir más lejos países como Ecuador y Bolivia) los no indígenas se resisten a admitir la existencia, en un pie de igualdad, de derechos que con distintas fuentes son equiparables en términos de legitimidad y legalidad. Los argumentos son múltiples, un racismo disfrazado de paternalismo, y hasta un paternalismo -ejercido de buena fe- que no deja de ser profundamente perjudicial para los pueblos indígenas. Las resistencias también se atrincheran en aparatos jurídicos eruditos, en la no admisión de la existencia de otro tipo de valores, bajo la imperiosa necesidad de no desmembrar lo que tanto costó unir.

A pesar de las dificultades, no son todos obstáculos. Un sector importante promueve la reforma en este ámbito, sosteniendo una convicción muy fuerte de que sólo la conformación de un Estado plural podrá enfrentar los males de la globalización combinándolo con una soberanía no rígida, y con un nuevo acuerdo entre los distintos pueblos que componen el Estado. No hace falta ir muy lejos en la historia de nuestros pueblos para demostrar que movimientos como el de Chiapas intentan encontrar una síntesis entre las demandas indígenas, una nueva estructura política y la posibilidad de lidiar con un orden internacional al que se deben poner límites. Esta es una alternativa válida y atractiva para imaginarnos un orden sin violencia, en el que los pueblos indígenas puedan diseñar autónomamente sus planes de vida.

Pero tal vez sea importante tener presente que el obstáculo más importante en el nuevo diseño estatal no es la falta de instrumental normativo que lo regule, y mucho menos la falta de conciencia de pueblos que han sobrevivido – sin perder su singularidad- por siglos a los acontecimientos más desvastadores (desde la conquista hasta guerras internas en los propios Estados, así como masacres contemporáneas que diezmaron su población. Baste citar como ejemplo el caso de Guatemala, y los operativos “tierra arrasada” llevados a cabo por el Ejército, en donde se eliminaron comunidades indígenas por completo). La falta de voluntad política encaminada  a admitir y construir un genuino pluralismo estatal, aunada a una historia hostil que consideraba al indígena como alguien que -en el mejor de los casos- debía proteger, produce efectos altamente nocivos que dilatan la obtención de resultados en el corto y mediano plazo.

 El sistema judicial, como uno de los pilares básicos del sistema democrático, tiene un rol preponderante a cumplir no sólo en el tratamiento de los pueblos indígenas, sino en la construcción de un discurso basado en la no discriminación y la tolerancia. Esto, obvio es aclararlo, en el ámbito del “deber ser”. En la realidad, el funcionamiento concreto de los sistemas de justicia no contribuye en gran medida a acrecentar un sentimiento de tolerancia en la sociedad, ya sea por su conservadurismo atávico, ya sea por su contribución sostenida al mantenimiento del status quo, lo que lo convierte en un segmento estático más que en un impulsor del cambio.

Los jueces deben asumir un papel relevante en el diseño de las nuevas instituciones, comprendiendo que en la medida que señalen en sus fallos interpretaciones de la ley proclives a profundizar la desigualdad ante la ley, fomentaran un trato discriminatorio y arbitrario.

Como productor de normas, el Poder Legislativo debe representar a los ciudadanos en sus demandas, a través de la elaboración de leyes que puedan conducir las expectativas ciudadanas. Para ello, debe hacer un esfuerzo no sólo de traducir lo más fielmente posible los intereses de quienes representan, sino que debe dar cabida al mayor número de posiciones que enriquezcan la discusión, sin excluir ninguna de ellas. En este sentido, también debe escuchar todas las voces y regular de modo distinto a quienes por sus características diferenciadas así lo ameriten. Es así que se ha legislado en algunos países (son ejemplos claros Bolivia, Guatemala, Colombia), siempre dentro de los procesos de reforma mencionados, normas que contemplan la diversidad cultural y que -en alguna medida- quiebran el orden jurídico monolítico permitiendo que se incorporen al mismo reglas que, evitando la discriminación, contemplan la existencia de esta diversidad.  

Desde el Poder Judicial, la posibilidad de sentar jurisprudencia en casos paradigmáticos sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico, creando conciencia de la importancia del respeto, la tolerancia y la no discriminación. Es el caso de Colombia, ya que a partir de la Constitución de 1991 su jurisprudencia constitucional ha sido rica y ha dejado establecida, a través de la interpretación, bases claras que indican claramente el contenido de sus normas en el caso de la diversidad étnica y cultural. Lamentablemente hoy asistimos a un retroceso en material de sentencias de la Corte Constitucional que ojalá no borre los avances ejemplares que se dieron en su momento, estableciendo señales indubitables de cuáles son las medidas que pueden tomarse desde el interior del sistema judicial e indicando un avance frente a la discriminación y a la intolerancia. Ése, sin lugar a dudas, es uno de los caminos que los Estados pueden escoger para sobreponerse a los modelos que prevalecieron, y que tuvieron a los procesos de colonización y de exclusión como su centro.

[1]Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

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