San Carlos Yautepec, Oaxaca: la resistencia de lo propio frente a la imposición

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Por Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani*

La libre determinación y autonomía implica el derecho de las diversas comunidades de Oaxaca a nombrar a sus autoridades (municipales/civiles/administrativas, religiosas, comunales, de comités, etc.) para conformar sus sistemas de cargos aplicando sus propias normas y procedimientos, en asamblea general comunitaria. El tema de los sistemas normativos indígenas– término acuñado para diferenciar a las comunidades que se rigen por asamblea de las que usan el sistema de partidos políticos– involucra un reconocimiento real de formas propias, comunitarias, de organizar la vida en colectividad.

En este contexto, como parte del ataque que parecer ser sistemático en contra de los sistemas normativos indígenas y la comunalidad en Oaxaca, han surgido tres argumentos. Tienen como trasfondo una visión racista de las comunidades y sus formas de organización, en el peor de los casos, o un desconocimiento total, en el mejor.

El primer argumento es que los sistemas normativos comunitarios discriminan a la mujer. Este argumento desconoce que todas las personas están sumamente ocupadas en las comunidades, y nadie puede tomarse el lujo de “no participar”, como pasa en el mundo externo. Todos deben de participar—en los cargos, en el campo, en la artesanía o el oficio, en los tequios, en las fiestas y ritos colectivos—pues la comunalidad es absorbente. Es tan absorbente que al hacer un cargo– realmente una carga– se necesita de la ayuda de toda la familia para poder sacar el compromiso. Al cumplir, es a nombre de todos los que pertenecen a su unidad familiar, y al hacerlo bien, queda bien la persona, su unidad familiar y también su familia extensiva. Más importante aún, se considera “ciudadano activo”, es decir, cumple con sus obligaciones y por ende, toda la unidad familiar tiene derechos.

El segundo tema de moda para los detractores de la comunalidad y los sistemas jurídicos comunitarios es el de los “derechos” de los “avecindados” en los municipios conurbados. En este ámbito, con total claridad y firmeza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictada en diversas resoluciones relativas a la comunidad de San Sebastián Tutla que los foráneos avecindados del fraccionamiento El Rosario, aunque sean la mayoría, no tienen tales derechos a menos que sea dentro del sistema normativo y sistema de cargos de la comunidad. Si quieren participar, que empiecen desde topil y demuestren su respeto y disposición de servir a la comunidad.

El tercer tema comúnmente manejado en contra de los sistemas normativos indígenas es la supuesta discriminación por parte de las comunidades conocidas como “cabeceras municipales” contra las conocidas como “agencias” o “agencias de policía”. Lo anterior es, como los dos anteriores, un simple ataque a los principios y valores comunitarios disfrazado con argumentos del derecho oficial, el derecho ajeno, el sistema de partidos.

El principio más importante en un municipio grande como San Carlos Yautepec, ubicado entre las regiones del Istmo y la Sierra Sur y con comunidades Zapotecas, Chontales

y Ayuujk (Mixes), es el respeto entre las comunidades. Cada comunidad tiene su territorio (por ende, existen 23 comunidades agrarias con sus respetos comisariados de bienes comunales), su asamblea como máxima autoridad, su sistema de cargos, sus tequios y sus fiestas y ritos colectivos. Por ende, cada comunidad se organiza según su idioma, su geografía, su cultura, su cosmovisión y sus prioridades.

Un proceso de “elección” usando una “planilla única”, como impuso a finales del año pasado el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sin consultar a la comunidad a través de la asamblea general comunitaria de forma previa, libre e informada, implicó para la comunidad de San Carlos Yautepec, cabecera del municipio y del distrito, un cambio radical a sus normas comunitarias y su forma de regirse. Se asemejó totalmente al sistema de partidos políticos, en contra de los derechos colectivos de la comunidad. Lo anterior, con base en la supuesta participación de las agencias.

En la actualidad existe un cabildo nombrado por la comunidad de San Carlos Yautepec en la asamblea general comunitaria. Pero las personas “reconocidas” por el IEEPCO como autoridad municipal son quienes fueron electas por el proceso mencionado en líneas anteriores, organizado SIN consultar a San Carlos Yautepec a través de su asamblea. Estas autoridades despachan desde un lugar desconocido, aparentemente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y reciben el dinero que pertenece a todas las comunidades del municipio.

El Tribunal Electoral de Oaxaca confirmó la validación de estas autoridades por parte del IEEPCO, igual que la Sala Regional Xalapa del TEPJF. En este momento, el asunto está en manos de la máxima autoridad electoral en el país, la Sala Superior del TEPJF. Se trata del Recurso de Reconsideración (REC) 375/2018 y 388/2018 (SUP-REC-375/2018 y SUP-REC-388/2018), a través del cual, la comunidad de San Carlos Yautepec pide a la Sala Superior reconsiderar el acuerdo del IEEPCO que aprobó este proceso anti constitucional y anti convencional (es decir, contrario a las convenciones internacionales) de “elección”, y pide que se tome como válido el cabildo nombrado por la asamblea general comunitaria bajo las normas y procedimientos que siempre se han aplicado en la comunidad. El asunto está a cargo de la magistrada bajacaliforniana, Mónica Aralí Soto Fregosa.

El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Carlos Yautepec y el Alcalde Único Constitucional entregaron, en conjunto, un informe de autoridades a las y los magistrados de la Sala Superior, en el cual detallaron información relevante que deben de tomar en cuenta al resolver el asunto, según los directrices de la Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, publicación de la misma Sala Superior. Además, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C. presentó un amicus curiae, o escrito de amigo de la corte, describiendo información de vital importancia para dictar una resolución respetuosa de los derechos colectivos de la comunidad de San Carlos Yautepec, su forma de organización y sus normas comunitarias.

Asuntos como el de San Carlos Yautepec son de vital importancia porque permiten analizar el comportamiento de los magistrados y si toman decisiones basadas en el respeto real al pluralismo jurídico, aplicando una perspectiva intercultural. También son una mirada al acceso a la justicia que existe en México para las comunidades que defienden sus derechos colectivos a pesar de tanta adversidad, tanto racismo en contra de la comunalidad, y tanto deseo de homogenizar todas al sistema de partidos políticos.

Los ojos de todas las comunidades oaxaqueñas están fijadas sobre la Sala Superior del TEPJF y las y los magistrados que la integran, y se espera un resultado favorable para la comunidad de San Carlos Yautepec que sirva de precedente para todas las comunidades oaxaqueñas y el país entero.

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Twitter: @parastoo_mesri 

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