Sistema de justicia indígena “despresuriza” al estatal

FOTO GENERAL TUXTEPEC

Tuxtepec, Oaxaca, 3 de diciembre de 2015.- “El sistema de justicia que se aplica en las comunidades indígenas despresuriza el sistema de justicia estatal porque ahí es donde se resuelven las mayorías de los problemas”, por ello, “es fundamental el reconocimiento de las funciones de las autoridades indígenas”, así lo reconoció  Delia Lara Juan, directora de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de San Lucas Ojitlán, perteneciente a Tuxtepec, Oaxaca.

En el marco del desarrollo de la reunión de autoridades denominada “Dialogando entre justicias”, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, asociación civil (CEPIADET A. C.), y realizada en esta ciudad, la funcionaria municipal explicó que en las comunidades, que se rigen bajo el sistema normativo interno, las autoridades indígenas conocen y resuelven todo tipo de asuntos que no siempre llegan ante un agente del ministerio público o ante un juez. Entonces, agregó, de llegar todos los casos que ocurren en las comunidades a las instituciones de justicia, éstas no se darían abasto para atenderlos ya que de por sí actualmente tienen una considerable carga de trabajo.

Por su parte, el abogado Perfecto Felipe Trapaga, originario de la comunidad de San Felipe Úsila, argumentó que “ojalá la justicia estatal vaya de la mano con el sistema de justicia de las comunidades indígenas porque es importante reconocer cómo resuelven los casos a través del Síndico o Alcalde, o incluso con los ancianos de las comunidades indígenas”.

En este sentido, Aurora Primavera Cruz García, juez segundo familiar del distrito judicial de Tuxtepec, afirmó que nos encontramos en una “nueva era” de los Derechos Humanos y que, por lo tanto, esto también concierne a los pueblos indígenas y reiteró la trascendencia de una coordinación para la atención de conflictos en las comunidades indígenas.

Por eso, a efecto mejorar el proceso de coordinación se puso a las órdenes de las autoridades que acudieron a la actividad como de Ayotzintepec, San Pedro Ixcatlán, San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán, Santiago Jocotepec, San Juan Petlapa y San Felipe Úsila. Además, también asistieron César Eú Peralta Vázquez, juez primero del civil; Aurora Primavera Cruz García, juez del segundo familiar; Nicasio Santiago Yescas, Francisco Antonio Fraúdez, Gustavo Carlos Zuñiga y Yolanda Hernández, de la Subprocuraduría en la Cuenca de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

Durante el acto inaugural, Tomás López Sarabia, Presidente del Consejo Directivo del CEPIADET, sostuvo que uno de los objetivos de la reunión es buscar que se garanticen de manera adecuada los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas, individual o colectiva, respetando las diferencias culturales y lingüísticas. Por ello, afirmó que es fundamental promover estos espacios de análisis y reflexión en donde se reconozcan los sistemas jurídicos que coexisten en la región.

Al respecto, recalcó que ante la diversidad lingüística de Oaxaca y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es importante acortar la brecha de implementación entre lo reconocido y el ejercicio de los derechos en un contexto plural. De esta manera, apuntó que una de las finalidades que se deben buscar con estas reuniones es la humanización de los sistemas de justicia.

Pablo Ojeda Carrillo, del municipio de San Juan Petlapa, ante lo manifestado por los demás respecto de la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los sistemas de justicia, expresó que el mayor reto de este proceso es cómo hacer que se respeten las distintas visiones que se tiene de la muerte. Por ejemplo, cuando alguien fallece, y a pesar de que son evidentes las causas de muerte, los de la Fiscalía le practican de todos modos la autopsia, en cambio, desde la visión de las comunidades indígenas, el cuerpo de una persona es sagrada que no debe profanarse con la autopsia.

Ante ello, Gustavo Carlos Zuñiga, coordinador fiscales en la zona de la Cuenca, respondió que cuando alguien fallece necesariamente se debe practicar la autopsia con la finalidad de deslindar responsabilidades y en esos términos lo establece la legislación penal que regula el trabajo de las autoridades ministeriales, sólo en casos excepcionales se otorga la “dispensa” pero ello lo debe autorizar directamente el Fiscal General de Oaxaca.

 

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