Racismo en la educación de posgrado. Miradas, reflexiones y resistencias de mujeres indígenas en México

31 de agosto de 2020

En el marco de la Convocatoria de Propuestas de Acciones en Internet para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior en América Latina a cargo de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, el pasado 15 de agosto fue seleccionado el proyecto Racismo en la educación de posgrado. Miradas, reflexiones y resistencias de mujeres indígenas en México apoyado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C.(CEPIADET, Oaxaca); la Universidad Veracruzana Intercultural(UVI); la Universidad de Oriente(UNO, Yucatán); y el Colectivo para Eliminar el Racismo (COPERA, México).

De acuerdo con la convocatoria emitida por la UNESCO, las acciones seleccionadas deben estar “orientadas a promover reflexiones y debates sobre las múltiples formas de racismo que aún persisten en los sistemas de Educación Superior”, y contribuir con ellas a su erradicación. En el proyecto apoyado por estas instituciones, participarán once mujeres profesionistas mexicanas (zapotecas, mayas, ñuu savi, tseltal, tsotsil, Cho´l, rarámuri, mestiza) con estudios de maestría o doctorado y cuyas historias y experiencias para acceder y navegar la educación de posgrado han sido diversas. Sin embargo, coinciden en una constante doble derivada y arraigada en el sistema colonial y patriarcal de las sociedades latinoamericanas: el racismo y el sexismo. 

A través de tres conversatorios en línea que serán posteriormente difundidos por las instancias responsables del proyecto, las participantes compartirán sus experiencias como egresadas y/o docentes de instituciones de educación superior (IES) de América Latina. El objetivo de los conversatorios es generar diálogos y discusiones que evidencien el racismo estructural de las instituciones de educación superior. A partir de compartir historias y anécdotas, las participantes buscan exponer ese racismo ‘sutil’ que resulta aún más difícil de identificar y nombrar: el de las estrategias para lograr una licenciatura o un posgrado a pesar de las desigualdades históricas; el de las consecuencias derivadas de la desvalorización de las mujeres indígenas; el de las tensiones que se generan por estar y no en la comunidad; el de la ‘resistencia’ y la ‘resilencia’ vistas como valores agregados pero que conllevan historias complejas de desigualdad e injusticia. Al compartir las vivencias de las once mujeres de estos pueblos y naciones originarias, se dará cuenta de esos varios matices de racismo y exclusión que solamente desde las narrativas propias se pueden evidenciar. 

Los conversatorios tendrán lugar entre septiembre y octubre de 2020. Se llevarán a cabo de forma privada entre las participantes, pero se videograbarán y editarán para ser difundidos en distintas plataformas, incluídas las plataformas sociales de la UNESCO a partir de noviembre

Los temas específicos por abordar en cada sesión son los siguientes:

1.- Racismo y sexismo en nuestras trayectorias académicas. Historias y reflexiones.

2.- Estrategias individuales y colectivas de resiliencia y resistencia. Los caminos, las redes y los encuentros que nos impulsan.

3.- La Iniciativa para la Erradicación del Racismo en Educación Superior de la UNESCO y cómo la vinculamos a nuestras propias experiencias. 

El grupo de participantes está conformado por:

Judith Bautista Pérez(CEPIADET/COPERA)

Miriam Uitz May(Universidad de Oriente)

Yamili Chan Dzul(Ctro. Interdisciplinario de Invest. y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um en Sanahcat)

Carmen Osorio Hernández

Georgina Méndez Torres(Universidad Intercultural de Chiapas)

Angélica Hernández Vásquez(Universidad Veracruzana Intercultural-Grandes Montañas)

Patricia Pérez Moreno(UNAM)

Lucía Olivas Espino

Flora Gutiérrez Gutiérrez(Red Nacional de Abogadas Indígenas, A.C.)

Marina Cadaval Narezo(Instituto Internacional de Ciencias Sociales, Universidad Erasmus de Rotterdam)

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Sistema de salud excluyente y discriminatorio para los Pueblos Indígenas: Investigador de la UNAM

21-agosto-2020

OAXACA, Oax. (CEPIADET).- Ante la pandemia del COVID-19 los sistemas de salud a nivel mundial han mostrado incapacidad para brindar atención a la población afectada, y en especial a personas, pueblos y comunidades indígenas, manifestaron participantes en el webinario “Derecho a la salud de los pueblos indígenas”, organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet). 

Asimismo, coincidieron en que el sistema de salud en México es excluyente y discriminador al no tomar en cuenta otras formas curativas que no sea la biomédica, cuando la salud es un tema que debe abordarse de forma integral, abarcando alternativas como la medicina tradicional, que además de atender un malestar físico busca atender el bienestar emocional y espiritual.

Dicho panel contó con la participación de Aitza Miroslava Calixto, integrante de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social A.C.; Felicitas Cruz Bautista, integrante de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca; Cristina Montejo Briseño; consultora independiente; y Roberto Campos Navarro; profesor-investigador de la UNAM, así como  Lorena Pool Balam, investigadora del proyecto Agenda Antirracista-Cepiadet A.C.

Roberto Campos Navarro, sostuvo que el Sistema Nacional de Salud ha tenido varias características, entre ellas, la de ser un sistema fragmentado desde la época colonial, regido por el sistema de castas; el cual se reproduce en la actualidad por estratos sociales y/o grupos laborales, lo cual lo convierte en un sistema limitado e insuficiente, sobre todo brindar el servicio a pueblos indígenas.

A su vez, Felicitas Cruz Bautista, de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, hizo énfasis en que la medicina alópata y la tradicional tienen grandes diferencias dentro de las comunidades, ya que la medicina tradicional no cura únicamente los malestares de las personas, también busca la salud del espíritu y el alma.

Además, expuso, en el caso de las comunidades, el o la paciente tienen una mayor confianza con el o la curandera para explicar sus malestares, lo que no sucede cuando visitan a un médico alópata con quien suelen presentarse barreras, por ejemplo, dificultad para explicar los síntomas al no dominar al cien por ciento el español, y en algunos casos, la falta de solvencia para cubrir sus honorarios.

A decir de Aitza Miroslava Calixto existe una violación sistemática al derecho a la salud de comunidades originarias empezando con que los centros de salud carecen de infraestructura básica; además de que en algún  momento ha imperado la corrupción, como cuando el Seguro Popular era necesario para poder certificar una unidad médica. 

La integrante de Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, también destacó el hecho discriminatorio de asignar personal médico de bajo perfil en centros de salud de comunidades indígenas, donde suelen enviar a prestadores de servicio social ante la ausencia de profesionales médicos, y menos aún con formación intercultural, lo que produce un choque cultural, que a la larga se vuelve un proceso de profunda de violencia y racismo.

Otro dato que revela la carencia de una adecuada atención en las comunidades indígenas es la alta tasa de muertes maternas, por la tardanza para ingresar a una persona en un servicio de salud, dado que sus redes de referencia y contra-referencia están totalmente desmanteladas.

El tema de atención a la salud mental es otro pendiente en las poblaciones indígenas donde las actividades cotidianas están marcadas por la colectividad, por lo que el “quédate en casa” se convierte en un factor de desequilibrio que puede generar rupturas en las redes comunitarias. Es por ello que a fin de conservar sus sistemas de vida en colectivo ha debido adaptarse la medida de contención sanitaria con el “quédate en tu comunidad”. Así lo expuso la consultora Cristina Montejo Briseño.

En conclusión, ante la pandemia y por falta de apoyo e insumos, los Servicios de Salud han demostrado ineficacia, sobre todo en comunidades indígenas por la falta de una atención con enfoque socio-cultural, por lo cual es pertinente que se reconozcan los aportes de la medicina tradicional indígena.

Visita el webinar completo en: https://www.facebook.com/226354914239993/videos/2670100509975859

Contacto: 951 477 94 12

Elena García Ortega

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El despojo de la alimentación de los Pueblos Indígenas, solo ha traído enfermedades

OAXACA, Oax. (CEPIADET) 06 / 08 / 2020.- Luego del incremento en el consumo de “alimentos” ultraprocesados, popularmente conocidos como “chatarra”, en pueblos y comunidades indígenas, desde hace varios añosregistran problemas de salud como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, que los vuelve vulnerables ante la pandemia de la COVID-19. 

Tal fue una de las conclusiones del webinario “El derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas” organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción  A.C. (Cepiadet), moderado por Yasyana Elena Aguilar Gil integrante de organización Colegio Mixe (Colmix).

Ante ello, la Regidora de Educación del municipio de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca, expuso que su comunidad ha sido una de las más afectadas por la venta y consumo de productos industrializados.

Señaló que ejemplo de ellos es la existencia de al menos 50 personas con diabetes, de acuerdo con registros de la Unidad Médica Rural, cuyos responsables sostienen que la mayoría de estos pacientes no llevan control médico porque no quieren dejar de consumir “chatarra” pues la asocian a una falsa “calidad de vida”, manifestó la servidora pública municipal.

Comentó que por eso, ante la pandemia de la COVID-19 Yayalag ha tomado acciones como cierre de caminos para  proteger a su población vulnerable del contagio del coronavirus, y decidió prohibir el paso a distribuidores de productos industrializados, con la finalidad de que la población regrese a su alimentación tradicional.

Villa Hidalgo Yalalag es un ejemplo de la problemática extendida por la mayoría de comunidades indígenas del país donde alimentos producidos en la propia localidad son desplazados por otros ultra procesados y bebidas embotelladas o “refrescos”, que han penetrado gracias a que cuentan con una enorme publicidad, mercadotecnia y distribución, aseveró Abelardo César Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

A su vez, Alejandro Calvillo Unna, director de Poder del Consumidor A.C.,destacó que en América Latina, México es el mayor consumidor de tales productos, y entre los estados, Oaxaca y Chiapas figuran entre los mayores consumidores de Coca cola, lo cual se refleja en problemas de salud pública por diabetes y obesidad.

Y dio el ejemplo de un estudio realizado, con el apoyo del Instituto Nacional de la Nutrición, en el municipio de Chilapa en la montaña de Guerrero, donde el 60 % de las y los niños declaraban que habían incluido en su desayuno bebidas azucaradas, y un porcentaje igual del alumnado de primaria, secundaria y preparatoria, declaraban haber consumido en día anterior, tres veces o más, bebidas azucaradas.

Calvillo Unna mencionó que después de impartir un taller a las y los niños de Chilapa, estos se organizaron para dejar de comprar frituras empaquetadas y el dinero que gastaban en su consumo lo invirtieron en ingredientes locales para preparar, ellos mismos, un almuerzo nutritivo para ellos y sus compañeros, lo que dio como resultado una mejor nutrición y baja de talla. 

En la mixteca oaxaqueña, el colectivo Ve’e Ñuu  de Tlaxiaco, en el que participan Bacilia Riaño Bautista y Romeo Ramírez González, se ha dado a la tarea de comercializar alimentos producidos en el campo como quelites, hongos, nopales, pulque y tortillas hechas a mano, con el objetivo de revalorar la comida de las comunidades indígenas, además compartir conocimientos sobre la preparación de diversos platillos, dieron a conocer ellos mismos.

Abelardo Ávila Curiel subrayó que la mala alimentación surge de varios factores ente los que figuran la desvalorización de los productos alimenticios locales, empezando por el maíz y el frijol, y también por las políticas públicas neoliberales que han ponderado la compra, por ejemplo, de maíz importado, lo que ha provocado la quiebra del campo y que los productores se conviertan fuerza de trabajo para la industria. 

Webinar completo: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/979503239186039/

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Sin infraestructura médica, ni un plan estatal que contenga la pandemia en zonas indígenas, los mecanismos comunitarios han mostrado eficacia

OAXACA, Oax. (CEPIADET).- Villa Talea de Castro es una de las comunidades zapotecas de la Sierra Norte del estado de Oaxaca que han tenido éxito en la contención del contagio de la COVID-19, a través de diversas medidas como retenes o filtros sanitarios a la entrada de la población, auto abasteciendo víveres a fin de evitar la salida de pobladores a surtirse en otras localidades o la ciudad de Oaxaca, y con el cultivo de hortalizas a nivel familiar.

Así lo dieron a conocer participantes del panel virtual “Experiencias en prevención y contención de COVID-19 en pueblos indígenas de Oaxaca”, organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet).

En este webinario participaron el Tesorero Municipal de Villa Talea de Castro, Edén Martínez Santibáñez; el presidente municipal de Villa Díaz Ordaz Tlacolula, Alheiro García Martínez; la Regidora de Educación, Salud y Ecología de Guelatao de Juárez, Adelina Beteta Beteta; y en calidad de moderadora Dalí Ángel Pérez, Coordinadora de la Unidad de Juventud y Mujer Indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).

Desde mediados de marzo pasado, luego de haberse declarado la pandemia del nuevo coronavirus por parte de la  Organización Mundial de la Salud, comunidades indígenas de la entidad establecieron filtros de control de entrada y salida de pobladores y visitantes, a fin de atajar la llegada del contagio.

Autoridades municipales de Villa Talea de Castro en la Sierra Norte, libre de contagio hasta la fecha, establecieron retenes para controlar el ingreso de personas que viven fuera de la comunidad, y toque de queda de nueve de la noche a cinco de la mañana; además, las mismas autoridades se encargaron de comprar víveres para distribuirlos al costo entre las familias a fin de evitar su salida.

El principal objetivo ha sido evitar el contagio de la enfermedad, dado que el centro de salud de la comunidad no cuenta con la infraestructura necesaria para dar atención a un posible paciente con COVID-19, señaló su tesorero municipal, quien explicó que no obstante, han adquirido mascarillas KN95, traje completo de protección, y con el apoyo de personal médico han adaptado un tubo de aislamiento a una camilla, para estar prevenidos en caso de que se presentara la necesidad de trasladar a un paciente al hospital COVID más cercano.

Adelina Beteta, por su parte, explicó que en Guelatao han tomado medidas similares a las de Talea, además de reducir los horarios de apertura y cierre de comercios, el cierre total de sitios turísticos, el uso de obligatorio de cubrebocas y el reparto de plantas comestibles y semillas a la comunidad para que produzcan hortalizas para su propio consumo. 

Tales medidas, dijo a su vezel presidente municipal de Villa Díaz Ordaz Tlacolula, Alheiro García Martínez, han sido tomadas de buen agrado por la mayoría de la población, pero también han existido personas que se han inconformado, sobre todo cuando necesitan salir a realizar algún trámite o a una cita médica, lo cual ha generado estrés al interior de la comunidad. 

Las acciones y medidas implementadas en las tres comunidades han funcionado de manera positiva, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de personas con COVID-19, así como estas medidas implementadas se están tomando en cuenta otros factores como violencia de géneroque se presenten en las comunidades y que atienden las autoridades comunitarias. 

El jueves 30 de julio, el panel abordará “El derecho a la alimentación y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas” con la participación de Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor A.C., Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Bacilia Riaño Bautista y Romeo Ramírez González de Ve’e Ñuu, María Isabel Aquino León, regidora de Educación de Villa Hidalgo Yalalag, moderado por Yásnaya Elena Gil Aguilar del Colectivo Mixe (COLMIX).

Webinar completo: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/3420616987971197/

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Perdió la SCJN oportunidad de fijar una postura en relación a los conceptos de separación y expulsión en comunidades indígenas: Cordero Aguilar

OAXACA, Oax. (CEPIADET).- La  expulsión de una persona o familia de una comunidad indígena es un castigo muy severo, pues se le separa del territorio y la cultura en la que nacieron, pero “cobra sentido cuando se trata de proteger a la colectividad, su cultura y los bienes colectivos”, sostuvo el experto Guillermo Padilla Rubiano, al participar en el webinario “La separación y expulsión como sanción en comunidades indígenas, un análisis desde México y Colombia·”, organizado por Cepiadet. 

Padilla Rubiano, consultor y asesor del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y pueblos amazónicos de Colombia, aseveró, sin embargo, que tal medida es el último recurso en materia de justicia indígena, lo cual no significa que no puedan buscarse “consensos universales” en la aplicación de esta medida.

Como parte de un programa de mesas de análisis a distancia, el Centro Profesional Indígena  de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) ha contado con especialistas en justicia indígena e intercultural, y esta ocasión concurrieron en el panel Ana Ilba Torres Torres, abogada indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada Colombia, y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz; así como Artemio Hernández Hernández, abogado litigante y asesor de la comunidad chinanteca de Santiago Progreso.

En el panel también intervino Luis Enrique Cordero, Magistrado Presidente de la Sala Indígena del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y  Tatiana Alfonso Sierra, profesora del departamento de derecho del ITAM, quien fungió como moderadora. 

Ana Ilba Torres, señaló que en Colombia también aplica el destierro como último castigo en el caso de faltas que atentan contra la integridad comunitaria, la cual sigue sin ser comprendida en las Cortes de su país porque no han realizado ninguna evaluación del concepto ni de sus implicaciones en las comunidades.

Artemio Hernández Hernández, se refirió al amparo interpuesto ante la instancia federal por una familia desplazada de la agencia municipal de Santiago Progreso perteneciente a San Juan Bautista Valle Nacional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor la parte quejosa, sin haber valorado los Sistemas Normativos Internos y ni acudir a instancias estatales para ahondar en el conflicto.

El abogado recordó que la falta cometida fue haberse negado a pagar una aportación económica  estipulada por la asamblea de dicha comunidad Chinanteca, por lo cual la misma asamblea determinó su expulsión.

En tanto, el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar manifestó que en la Sala de Justicia Indígena de Oaxaca existen a la fecha diez casos de expulsiones de las comunidades donde son impuestas directamente por la asamblea y no por alguna persona en especial como el síndico, presidente, alcalde.   

Agregó que hacen falta criterios claros de parte de la SCJN para poder analizar esta medida de castigo así como las implicaciones de la sanción y de su naturaleza.

“Perdió la Suprema Corte la oportunidad de fijar una postura en relación a los conceptos de separación y expulsión en comunidades indígenas”, sostuvo el magistrado Cordero Aguilar al referirse al fallo emitido recientemente por la SCJN en el caso de la comunidad de Santiago Progreso.

Guillermo Padilla concluyó que en varios países de América Latina, “el talón de Aquiles de las justicias indígenas, es la ausencia de la segunda instancia; es decir, que una autoridad distinta a la que emitió la resolución pueda revisarla y observar si ésta fue apegada a los derechos humanos”, desde una perspectiva intercultural.

Visita el webinar completo en: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/984715871967679/

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Elena García Ortega

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Ante violencia de género, mujeres indígenas y sus autoridades comunitarias crean plan de acción

  • Parte de las acciones implementadas fue la elaboración de un Plan de Acción Comunitaria e Integral (PACI).

OAXACA, México, 14 de Julio 2020.- (CEPIADET). En un contexto donde la violencia de género se ha vuelto frecuente, autoridades de la comunidad mixteca de Santa María Yucuhiti, en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), unieron esfuerzos para combatir esta problemática que tuvo como resultado la generación del “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti”.

Dicho plan fue presentado por Eugenia García Ballesteros, quien coordinó el proyecto denominado en mixteco “Da ña ́a yuku iti natyituvidaa nu tekuda sana koka tixin” (Mujeres de Yuku iti forjando una vida libre de violencia) y durante el período 2018 – 2019 fue Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca.

A través de un webinario, participó también Gregorio Cirilo España García, Alcalde de la Agencia Municipal de Guadalupe Buena Vista, de esta misma demarcación, así como Gerardo Martínez Ortega, Coordinador de Jurídico y Litigio del Cepiadet, y moderó el espacio Anaíd Sierra Fajardo.

“En Santa María Yucuhiti, municipio declarado en Alerta de Género, o en foco rojo, los casos que más se presentan son de violencia familiar, como son maltratos físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales”, mencionó por su parte el Alcalde Municipal, Gregorio Cirilo España García, durante la presentación del documento, vía internet, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).

En dicho espacio, García Ballesteros señaló que las agresiones contra mujeres en esta localidad de la mixteca oaxaqueña, situada a dos horas de Tlaxiaco, su cabecera municipal, habían escalado al punto de que una regidora fue agredida psicológica y sexualmente por parte de integrantes del mismo Cabildo, hecho que resonó debido a que era imposible que
la parte agresora hiciera justicia a la víctima, siendo juez y parte, por lo que el caso tuvo que ser llevado a la Fiscalía General del Estado.

Expuso que desde la Instancia Municipal de las Mujeres que encabezó en el período 2018 -2019, impulsó la construcción de propuestas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, sumando la perspectiva de las autoridades comunitarias para hacer justicia a las víctimas.

La violencia de género, agregó, es como una pandemia silenciosa, no
siempre es visibilizada, sobre todo dentro de las comunidades. “Pareciera
que la violencia no existe o no se da, sin embargo, uno se da cuenta de estás problemáticas cuando llega a ser autoridad”, recalcó.

Explicó que en respuesta a la problemática, autoridades comunitarias y la Instancia Municipal de la Mujer emprendieron acciones estratégicas conjuntas con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del proyecto “Mujeres de Yucuhiti forjando una vida libre de violencia” que se desarrolló durante el año 2019.

Su oportunidad, Edith Matías Juan, Coordinadora de Proyectos del Cepiadet, destacó que la organización brindó su respaldo y dio acompañamiento a dicho proyecto en conjunto con especialistas, realizando reuniones y grupos focales con autoridades y ciudadanía en todas las agencias de Yucuhiti.

Dijo que el “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti” es una herramienta que puede resonar en otras comunidades y puede servir para resignificar el espacio de diálogo con la participación ciudadana en muchas comunidades.

“Con la participación de las mujeres se realizó un diagnóstico de sus necesidades en cuanto a justicia comunitaria y qué esperaban como mujeres y ciudadanas de sus autoridades”, indicó.

Detalló que, por eso, el abogado triqui Gerardo Martínez Ortega trabajó con autoridades municipales para identificar los casos de agresiones contra mujeres que atendían, y cómo los resolvían de acuerdo con su propio sistema de justicia y también la manera en que respetaban los derechos humanos.

Durante el webinario, Martínez Ortega puntualizó que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como autoridades indígenas están obligadas a intervenir de cualquier caso que se les presente o se trate de cuestiones en las que ellos tienen competencia como una forma de proteger derechos humanos, principalmente, de las mujeres.

Contó de un caso ocurrido Guadalupe Buena Vista donde intervino la autoridad comunitaria y resolvió el asunto adoptando medidas de protección para la víctima y sus dos hijos, ordenó la separación del agresor del domicilio donde vivían y decretó un monto de pensión alimenticia, lo cual es resultado de los trabajos que se efectuaron en el marco de la ejecución del proyecto.

Webinario completo: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/4013502548721159/

Escucha el podcast: https://mx.ivoox.com/es/plan-accion-comunitaria-e-integral-para-mejorar-audios-mp3_rf_53778975_1.html

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Necesario visibilizar participación de la mujer en el sistema de cargos: Zurita Cruz

07.Julio.2020

OAXACA, Oax. (CEPIADET).-La participación de las mujeres debe observarse en la conformación total del sistema de cargos de una comunidad indígena y no sólo enfatizar los cargos municipales, como se ha hecho en los últimos años, hacerlo de esta manera, es una perspectiva limitada. 

Los Sistemas de Cargos tienen la característica de otorgar una responsabilidad a una persona, sea hombre o mujer, pero el trabajo siempre se hace de manera colectiva, empezando con el apoyo de la familia.

Así lo dio a conocer Maricela Zurita Cruz, Regidora de Ecología del municipio chatino San Juan Quiahije, Juquila, durante el webinar «Participación de mujeres en el sistema de cargos en comunidades indígenas”, organizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet). 

Zurita Cruz, quien es Licenciada en Ciencias de la Educación y formada en equidad de género, expuso que los cargos a nivel comunitario no son a título personal. “Yo lo asumo, sin embargo, hay todo un trabajo colectivo, ya sea con la familia o con las personas con quiénes se comparte la vida, un esposo o una esposa; un ejemplo es la mayordomía, donde el cargo se cumple con el núcleo familiar, lo que implica levantarse temprano para la preparación de la comida, ir al panteón, cuidar la iglesia, etc. La persona que fue nombrada no puede realizar sola el trabajo sino que interviene toda la familia”, explicó. 

Añadió que toda ciudadana o ciudadano; comunera o comunero, sin necesariamente tener un cargo comparte responsabilidades como por ejemplo el tequio. Los hombres son requeridos para el arreglo de un camino, y a las mujeres se les convoca para la realización de las fiestas comunitarias. “Es una obligación que tenemos, responder a todos esos  trabajos colectivos para el bien de una comunidad. Y, por otro lado, cada cargo en lo individual tiene sus propias obligaciones y cumplimientos”, expresó.

En el panel moderado por la Doctora en Derecho y experta en Antropología Jurídica, Parastoo Anita Mesri, intervinieron la defensora yaqui de derechos indígenas y medio ambiente de Loma de Bácum, Sonora, Anabela Carlón Flores; la comunera mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Natalia Jiménez, y la Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Ana María Cruz Vasconcelos, además de Juan Carlos Silva Adaya, Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

La abogada yaqui, Anabela Carlón Flores, mencionó que en su comunidad, Loma de Bácum, donde no existe la figura del Ayuntamiento, los cargos se clasifican en civil, militar, eclesiástico, costumbre, danzantes y fiesteros; y en casi todos las mujeres tienen una participación, sin dejar a un lado la defensa del territorio que en la cultura yaqui es obligatoria y siempre ha sido una lucha entre ambos: hombres y mujeres.

Por su parte, la Magistrada Ana María Cruz Vasconcelos ponderó que la mujer indígena aspira a un cargo público relevante en su comunidad cuando ha cumplido con varios servicios, ha ganado experiencia con cada cargo, y está preparada, y no por ser amiga del gobernante en turno, como suele suceder en el sistema de partidos políticos. Fue contundente al señalar sobre el daño que ocasionan los partidos políticos al entrometerse en la vida comunitaria.

Sucede que si «se llevan con el gobernante en turno, luego luego son diputadas», expresó quien fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos públicos de primer nivel en el gobierno de Oaxaca, al ser la primera directora del Registro Civil en los años 70.

En tanto, el Magistrado Juan Carlos Silva Daya señaló que los jueces, para poder resolver casos de elecciones por Sistemas Normativos Internos, deben convertirse en investigadores, sociólogos, antropólogos, etnógrafos para analizar cómo funcionan dichos sistemas en cada comunidad y no solamente pensar en el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, sino también plantearlo desde la cosmovisión del pueblo del que se trate.

Natalia Jiménez, comunera mixe de Tlahuitoltepec, apuntó que en su municipio, por ejemplo, se otorgan cargos a las  mujeres, pero solo a mujeres solas, solteras, que no tienen pareja o son madres solteras, y todas tienen que ir escalando desde vocal,  quién hace los mandados; barrer, limpiar, y poco a poco van llegando a cargos donde se toman decisiones y se ejercen recursos. 

El panel “Participación de mujeres en el sistema de cargos en comunidades indígenas” es el segundo de un ciclo que realiza Cepiadet semanalmente los jueves a las 12:00 horas con distintos ejes temáticos, con expertos en cada tema. 

Vista el webinar completo: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/2665011027153320/


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Derechos humanos y sistemas normativos, básicos en la impartición de justicia para personas indígenas

Oaxaca, Oax. 29 06/2020.- En el ámbito de la impartición de justicia en personas indígenas debe imperar el principio constitucional de que toda autoridad debe “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos de toda la sociedad, subrayó el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, Comisionado Visitador Judicial “A” de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

De igual forma, sostuvo, para la toma de una “decisión equilibrada” es necesario tomar en consideración los Sistemas Normativos Internos de las comunidades o pueblos indígenas, y auxiliarse de peritajes antropológicos, dictámenes, e investigaciones documentadas por parte de instituciones u organizaciones civiles de reconocido prestigio como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) o Cepiadet.

Porque, enfatizó, al impartir justicia no deben afectarse derechos conexos como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, entre otros, como por ejemplo, cuando un procesado tiene hijos menores de edad, o cuando una persona indígena al cumplir con una “conducta esperada” de su comunidad, pareciera incurrir en algún delito, como podría ser la portación de un arma para uso en la protección de la seguridad comunitaria.

Así lo expreso el impartidor de justicia durante la conferencia “Las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal”, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (Cepiadet) en coordinación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el viernes 26 de junio.

“La noción de derechos humanos adquiere una dimensión diferente y debe ser el paraguas que nos protege a todos y que nos obliga a quienes ejercemos una función jurisdiccional a ser tuteladores de los mismos”, recalcó el magistrado originario de Huajuapan de León, quien sentó precedente en el estado al declinar competencia a una comunidad indígena para ejercer juicio en contra de uno de sus integrantes acusado de un delito de orden federal.

Los derechos humanos y los sistemas normativos internos son los “dos grandes rubros que corresponden a la intervención que se debe de tener en el trámite y la toma de decisión en los asuntos donde se involucran temas de derecho indígena, en equilibrio con el derecho estatal esto con la finalidad de dar una solución equitativa”, puntualizó.

Asimismo, el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez hizo notar que para lograr la armonización de un sistema de justicia estatal con el de las comunidades indígenas debe haber un presupuesto para realizar peritajes antropológicos o investigaciones documentadas, sin embargo, se evidencia una “injusticia” cuando en estados como Oaxaca, con una densidad de población indígena importante, los recursos públicos se concentran en las zonas urbanas.

La conferencia del magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez se realizó en el marco del proyecto Derechos Humanos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, mediante el cual se realizaron seminarios con operadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, tocando temas como: Discriminación, racismo y sistema de justicia; Acceso a la justicia de las
mujeres indígenas a la jurisdicción estatal; Sistema de justicia indígena y epistemologías, para cerrar con el tema de Las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal.

El proyecto tiene como objetivo contribuir al diseño e implementación de un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de la población indígena, desde un enfoque pluralista del derecho y las perspectivas intercultural y de género.

Conferencia completa en: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/2778661942363677/

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COMUNICADO Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 27 de abril de 2020

 

SOLICITD DE INFORMANACIÓN-01

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca
Delegado Estatal del ISSSTE
Delegado Estatal del IMSS
Directores de Hospitales de la red de servicios Estatal
Jefes Jurisdiccionales de los Servicios de Salud de Oaxaca
Coordinadores regionales del IMSS-Bienestar

Por este medio y ante la situación de emergencia en salud que viven las personas que habitamos en todo el estado a razón de la pandemia de COVID_19 y con el conocimiento de las limitaciones con la que operaban los servicios de salud antes de esta emergencia, exigimos información clara y precisa en torno a los siguientes aspectos:

● Especificación de la red de servicios estatal que se hará cargo de la atención de pacientes con complicaciones por el COVID. (Número y ubicación de hospitales)
● Número de camas disponibles por hospital para la atención de pacientes COVID en los hospitales de la red de servicios de todo el estado.
● Red de servicios de ambulancias que se encuentran habilitadas para el traslado de pacientes con complicaciones del COVID.
● Especificaciones del número de equipo, número y tipo de personal y horas de capacitación al personal hospitalario para la recepción, tratamiento y atención de pacientes.
● Situación de la implementación de protocolos y coordinación intrahospitalaria e interhospitalaria para la atención de pacientes con COVID.
● Especificaciones de las áreas por las que se tiene que ingresar a
pacientes con probable COVID a los hospitales y de las medidas de cuidado que se tienen que prever si el traslado es a través de vehículos privados.
● Especificaciones que se tienen que seguir para llevar a pacientes a centros de salud y clínicas del primer nivel de atención para la referencia de pacientes COVID.
● Estrategia de atención y traslado de pacientes para las comunidades rurales del estado.
● Estrategia para la atención y traslado de pacientes en situación de vulnerabilidad: migrantes, pacientes psiquiátricos, personas mayores en asilos, personas en encierro carcelario, personas en situación de calle.
● Informar qué acciones específicas se están tomando para garantizar el derecho a la salud de las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 constitucional.

Considerando que esta información no ha fluido eficientemente entre la ciudadanía
y que es fundamental estar informadas e informados para la toma de decisiones
relacionadas con la atención del COVID y que es nuestra responsabilidad ejercer
una contraloría social que contribuya a la operación coordinada y eficiente de los
servicios, esperamos poder contar con esta información a la brevedad para
contribuir con su difusión.

ATENTAMENTE

Colectivxs, organizaciones, mujeres organizadas y ciudadanía en general

Investigación y Diálogo para la Autogestión Social A. C.
Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET)
Conjunto de Formación Autogestiva- Miahuatlán
Frente Regional de la Sierra Sur “Por la vida y contra la minería”
Red Científica de Comunalidad y Salud
Luna del Sur A. C.
Feministas Oaxaca
Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio / CIIO
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin A.C.

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (CODIGO DH).
Feria Internacional del Libro de estudios de de las Mujeres y Feminismos y
Descolonización
Hitandekas A. C.
AMMOR TLAXIACO A.C.
Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y
Descolonización
Violencia Digital Oaxaca (colectiva)
Colectiva Feminista Mujeres Lilas
Meraki: Tejiendo Comunidad A.C.
Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias
Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C
Consorcio Oaxaca
Círculo de Lectura por Nosotras Mismas
Vilma Katt Ulloa
Cynthia Hernández González, CIESAS Cdmx
María Teresa Sierra, CIESAS
Anabel Yahuitl García, doctorante en sociología del ICSyH (BUAP)
Úrsula Hernández Rodríguez
María Luisa Matus Pineda, CIESAS Pacífico Sur/ CONACYT
Dalia Guzmán Vásquez
Lorenza Vásquez Ramos
Maricela López Ayora, Docente CAM-Oaxaca
Gabriela Román Tinajero
Dalia Guzmán Vásquez
Débora Herrera Ramírez-Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociomédicas
UNAM
Juan Manuel Galvis – Estudiante de maestría en Antropología Social CIESAS PS
Alejandra Aquino Moreschi Profesora-investigadora CIESAS Pacífico-Sur

Cristina Vera Vega Estudiante de Doctorado CIESAS-DF
Sofía Monserrat Martínez Gómez FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN – UNAM.
Paola Alejandra Ramírez González, Doctorante en Antropología, CIESAS-CDMX
Rebeca Barriga Villanueva, COLMEX
Héctor Gabriel Ruiz
Dulce Carolina Hernández Martínez
Hugo Carrera Guerrero, Licenciatura en Lingüística, ENAH
Dariana Rodríguez Guerrero, Facultad de Ciencias Químicas, BUAP
Adela Covarrubias Acosta, Escuela Nacional de Antropología e Historia
John E. Rueda Chaves, Instituto de Investigaciones Antropológicas- UNAM
Amanda Delgado, Laboratorio de lingüística, ENAH
Arturo Guerrero Osorio, Academia de la Comunalidad / UABJO
Graciela Fabián Mestas, Posgrado en Historia y Etnohistoria, ENAH
Ariana Mendoza Fragoso, Doctorante CIESAS-CDMX
Ricardo Peralta Antiga /CIIO / Academia de la Comunalidad
Erica González Apodaca Profesora Investigadora CIESAS-Pacífico Sur
Roberto Campos Navarro Profesor-Investigador Facultad de Medicina UNAM
Itandehui Juárez Acevedo
Nallely Tello
Alejandra Madai Figueroa Rivera- Estudiante de Maestría en Salud Pública
Patricia Matus Alonso
Alma Patricia Soto Sánchez CONACYT/CIESAS Pacífico Sur
Laura Escobar Colmenares
Claudia Mendoza Torres
Katia Enclave Maldonado
Susana Ramírez
Alba Ramírez
Martha A Castañeda P.

María Isabel Castellanos Díaz
Rubi Jazmin Cortes Salazar
Edna Aurora Velasco Santiago
Karla Mariana Laureano Rodríguez
Fátima Jiménez Hernández
Silvia Gabriela Hernández Salinas
Yésica Azucena Díaz Cruz
Abigail Castellanos García
Lidia Gaspar García
Leilany Victoria Ortiz
Hita Ortiz Silva
Dalila Ávila Santiago
Sandra Sánchez Vásquez
Viviana Jiménez Bohórquez
Mercedes Bohórquez Ruiz
José Luis Jiménez
Lorena Abigail Juárez Bernardo
Lourdes Diego cervantes
Silvia Careli López Falfán
Alan Cuevas Salazar
Magaly Jiménez
Guadalupe Santaella Rivas
Ana Bertha García Alcántar
Anel Flores
Irais Trujillo
Viridiana García
Nuvia Mandarín
Áurea Ceja Albanés

Ruth Orozco
Wendy Arreola
Isis Mariana López Piñón
Alejandro Rodriguez Cruz
Mónica Castillo
Antonia Celeste Antonio Santiago
Yasnaya Elena Aguilar Gil
Yesica Sánchez Maya
Fátima Ojeda Hernández
Jaziel Santos Pérez

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