Los indígenas frente al Sistema de Impartición de (in) Justicia

Penitenciaria central en el estado de Oaxaca (interior) noviembre 2008

 

Por: Ma. Teresa Bardo Prugman

Investigadora  del CIESAS-Istmo

                                                              “…que yo fuera, entonces sí estuviera  aquí; así aquí estaría pues.”

                                                              (Santiago Jiménez Cruz, 13.03.04)

Con estas palabras me recibió el Sr. Santiago Jiménez Cruz, el día sábado 13 de marzo que fui a visitarlo al Penal de Ixcotel. Con esta frase lo que él quería expresarme es que si él hubiera cometido los delitos que se le imputan (portación de armas de fuego, intento de homicidio y asalto), entonces él aceptaría estar en la cárcel, porque así es como debiera de ser. En términos preformativos la frase también puede transcribirse como: yo no acepto estar en la cárcel (yo no entiendo por qué estoy aquí) porque yo no cometí los delitos por los cuales se me acusa y no acepto-comprendo la situación que devino de este agravio a mi persona. Situación de agravio e injusticia en la que el lector podrá adentrase a lo largo de este escrito.

El Sr. Santiago es un indígena Chatino, originario del municipio de Santiago Yaitepec, tiene 26 años y se ocupaba en el oficio de la albañilería en el municipio vecino de San Juan Quiahije. Es padre de cinco hijos –el último nació cuando él ya estaba preso- y es el sostén económico de su propia familia, así como de sus suegros y su cuñado.

El Sr. Santiago fue aprehendido el 29 de agosto del 2003 en el pueblo de Juquila y durante el momento de su detención recibió un balazo en la pierna derecha. Al poco rato se quedó inconsciente y fue trasladado al hospital civil de la ciudad de Oaxaca. Ahí le amputaron la pierna. A los dos días fue encarcelado en el Penal de Ixcotel, lugar en el que todavía se halla recluido; esperando que se le de seguimiento a su proceso penal para que el juez finalmente dicte su sentencia. De ser considerado inocente será liberado, pero después de un año de reclusión y con una pierna menos; de ser juzgado como culpable tendrá que permanecer por varios años en Ixcotel.

Según las palabras del Sr. Santiago los hechos ocurridos durante aquel 29 de agosto acontecieron así: aquel día, el Sr. Santiago Jiménez Cruz se encontraba en Juquila para trasladarse a la ciudad de Oaxaca, ahí se encontró con un amigo que manejaba un taxi (un vehiculo de pasajero) y el Sr. Santiago le pidió un “aventón” a Oaxaca. El amigo le dijo que sí, pero que iba a llevar un pasaje especial. Mientras el “pasajero desconocido” llegaba, el Sr. Santiago fue a comprarse un refresco a una tienda cercana y al poco rato pasaron por él. El pasajero –hasta ahora desconocido por todos, también por las autoridades competentes- ya se había subido al vehículo y había puesto su maleta en la parte trasera del auto. Al poco tiempo de haber arrancado el vehículo, los empezó a perseguir una camioneta de la policía (¿qué tipo de policía?) y el pasajero susodicho se bajó del vehículo cuando éste todavía estaba andando y se echó a correr. Cuando el vehículo finalmente fue detenido, frente al asombro y la angustia del chofer y del Sr. Santiago, la policía revisó la maleta del “pasajero desconocido” y encontró dos pistolas. Como resultado de tal acontecer, el chofer y Santiago se asustaron y también se echaron a correr. Al poco tiempo alcanzaron a detener al chofer –quien en la actualidad se halla preso en el Penal de Juquila- y como no alcanzaban a santiago le aventaron un balazo, quien como hemos dicho quedó inconsciente con una bala en la pierna, siendo trasladado posteriormente al hospital civil de Oaxaca donde le amputaron de la rodilla para abajo y después de dos días de esta operación quirúrgica mayor fue llevado preso al penal de Ixcotel.

El Sr. Santiago me dice que se acuerda que la bala sólo le atravesó el músculo y no entiende por qué le amputaron la pierna. Sin embargo, él estaba inconsciente y aunque hubiera estado consciente, él es un ciudadano de segunda: un indígena que ni si quiera sabe expresarse correctamente en español. Ahora sigue recluido en el penal de Ixcotel y su proceso penal quedará relegado a segundo plano porque es indígena y de conseguir un buen abogado defensor su proceso será muy largo. De hecho está siendo muy largo, porque mientras que los indígenas son detenidos (en situaciones casi siempre violentas) quedando coartados de su libertad durante el tiempo que dura su proceso, sus agresores quedan libres y con manga ancha para armar sus coartadas.

No es el caso de este artículo demostrar la inocencia o no del Sr. Santiago. Sin embargo no se requiere ser muy versado en la materia para suponer su inocencia en el caso de intento de homicidio, ya que este delito se le ha fincado durante el momento de su detención. Según su propio expediente, las dos armas registradas se encontraban en la maleta del “pasajero desconocido” y los balazos acontecidos durante tal evento impactaron la pierna del ahora acusado. Con respecto a los delitos de asalto, al parecer la población de Juquila había denunciado la presencia de una banda de asaltantes en la región y por ello se había instaurado un cuerpo policíaco. Tendría varios argumentos para decir que el Sr. Santiago no pertenecía a esta banda de asaltantes, pero por ahora mi pregunta es: ¿tiene la justicia el derecho de quitarle a uno una pierna y recluirlo por más de diez meses en un penal sin que uno entienda su proceso, por más delincuente que sea?

Hasta hace dos meses no se había podido comprobar la culpabilidad del Sr. Santiago como asaltante, pero recientemente han aparecido dos testigos presentados por el agente que le disparó que están dispuestos a atestiguar esta condición. El Sr. Santiago ha pedido un careo con estos dos testigos, pero con una serie de argumentos de carácter burocrático no le han permitido este careo. Sin embargo, la presencia de estos dos testigos se han venido a sumar a su expediente penal.

Mientras tanto, el Sr. Santiago lleva más de diez meses recluido en el penal de Ixcotel, esperando que por lo menos le pongan una prótesis para poder ver a sus hijos, porque siente una vergüenza infinita de que sus hijos lo vean sin una pierna.

Mientras tanto, el Sr. Santiago está esperando conseguir un buen abogado defensor por parte de las instancias correspondientes porque se le han acabado los recursos para pagar un abogado privado.

Mientras tanto, el Sr. Santiago está esperando, como muchos indígenas de Oaxaca, que se le haga justicia.

Las causas de su detención, objetables o no, y cuya casuística si es bien objetable en términos de cualquier reglamentación de los derechos humanos fundamentales, para el Sr. Santiago sólo se traducen en una pérdida total de su libertad para:

• Hablar, en tanto que posee un dominio insuficiente del español que no le permite defenderse en el ámbito jurídico y que tampoco le permite relacionarse con los otros presos de Ixcotel.
• Defenderse, en tanto que no posee los mecanismos (socioeconómicos, lingüísticos y culturales) para interactuar equitativamente dentro de nuestro sistema de impartición de justicia.

Hasta el presente, el Sr. Santiago lleva más de diez meses recluido; llevando a cuestas la pena de no comprender el por qué de su reclusión y mucho menos las oportunidades para defenderse y tener la esperanza de algún día salir de ahí. A ello hay que agregar, la pesadumbre que le acongoja por no poder mantener a su familia; así como de no poder ver a sus hijos, por la vergüenza que le da de que lo vean así: sin pierna. Amén de que la causalidad de los actos devenidos a partir del momento de su aprehensión, no justifican su situación actual: un preso físicamente amputado y comunicativamente lisiado para interactuar equitativamente con los otros reos.

El actual estado físico de este preso indígena es indignamente, su estado emocional es alarmante. Con una evidente cara triste en la que a veces se observan apenas chispazos de indignación, el Sr. Santiago me expresa, mediante su muy particular uso del español, su consternación al no entender por qué está ahí, ni tampoco el por qué de todos los hechos que le acontecieron. Ha optado por mantenerse bastante aislado dentro del penal y poco habla con los otros reos. Durante mi segunda visita, después de una larga espera, lo tuvieron que ir a buscar porque no escuchó su nombre por el altavoz, “tan poco me visitan” –me dijo, y es que el pasaje de Yaitepec a Oaxaca es bastante caro y sus parientes no tienen el dinero para trasladarse.

Conocí el Sr. Santiago Jiménez Cruz el día 30 de noviembre de este año, cuando por petición de la Procuraduría de Defensa del Indígena –a solicitud del visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos- fui requerida como perito en lingüística para realizar un dictamen sobre el grado de manejo del español de este sujeto y evaluar su capacidad para interactuar correctamente en este idioma durante su proceso penal.

Mucho me pregunto del por qué de que todas instancias dan trámite a los requerimientos burocráticos y de su falta de interés por los sujetos que son objeto de estos trámites.

 

 

 

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas y la construcción de Estados multinacionales

 

                                                   

  Por: Silvina Ramírez¹

1.- Construcción de un nuevo Estado: el Estado multinacional y pluralista

Es notable el salto cualitativo que significa abandonar la idea de Estado- nación (un Estado uniformador que predica la unidad del orden jurídico estatal) para asumir la construcción de un nuevo Estado, signado por procesos de globalización (en donde la posibilidad de que instancias supra-estatales puedan formular una política criminal alrededor de determinadas áreas es hoy una realidad) y por procesos de administración de justicia local, lo que confluye para pergeñar un Estado que se enfrenta a la protección de sus ciudadanos y de los Pueblos indígenas que lo habitan, sin que ello lo comprometa con su fragmentación o con la pérdida de su soberanía o unidad estatal.

Sin embargo, este concepto así formulado no es tan simple de entender o de hacer jugar en una realidad cada vez más dinámica. Los Pueblos indígenas tienden a reclamar medidas destinadas a beneficiarlos, que no siempre son compatibles con la voluntad de las mayorías. La relación entre regla de la mayoría y protección de determinados derechos (en el caso de los Pueblos indígenas, estamos hablando de derechos colectivos) no deja de ser  conflictiva, lo que se agudiza cuando las demandas que surgen de los pueblos indígenas giran alrededor del control de sus propias instituciones,  formas de vida y  desarrollo económico (el “vivir bien” de acuerdo al art. 8 del proyecto de nueva constitución boliviana), así como mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.      

El Estado moderno ha dado respuestas insuficientes al reclamo de los pueblos indígenas, ya sea asegurando que los indígenas puedan estar representados en el Parlamento y que “su voz” sea escuchada  (insuficiente, porque nada garantiza que estos cupos obligatorios puedan maximizar la participación y la toma de decisiones de los pueblos indígenas dentro del ámbito de una mayoría que no pueden vencer); ya sea construyendo un discurso “pseudo pluralista”, sosteniendo que los derechos individuales pueden dar respuestas a reivindicaciones en términos de una protección específica de sus identidades.

De lo que se trata es de discutir cuál es la legitimidad de los Estados en donde la dimensión multiétnica es ya incuestionable. No es casual que en la última década en América Latina se haya gestado un movimiento constitucional que incorpora –en el rango de norma fundamental- un reconocimiento expreso de la diversidad. A ello le sumamos la nueva Constitución de Ecuador y el proyecto de Constitución de Bolivia que configuran un punto de inflexión en el escenario político y jurídico, y que sin duda abren la puerta a nuevos desarrollos constitucionales que tiene como fin la construcción de Estados genuinamente multinacionales. 

2.- Condiciones necesarias para su construcción

Una de las condiciones para la construcción de un Estado multinacional y pluralista es la admisión de la existencia de derechos colectivos. Éstos no son reducibles a derechos individuales, por lo que para preservarlos se hace necesario considerar la existencia de bienes valiosos que no siempre pueden ser traducidos en bienes individuales.       

Si el Estado, argumentando neutralidad, no se involucra en garantizar el acceso a prácticas culturales valiosas, no estaría contribuyendo a eliminar la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestas las minorías, y en ese sentido, estaría violando el propio principio de igualdad. La igualdad exige el reconocimiento de derechos tales como el de autogobierno, el reclamo de la tierra, derechos lingüísticos que rectificarían las desventajas sufridas por las  decisiones de las mayorías. Los derechos colectivos implican una distribución desigual de derechos y deberes, fundamentado en un principio de diferencia que se encuentra implícito en la defensa del principio de igualdad.

El Estado se construyó alrededor del pensamiento liberal e ilustrado, con basamento en valores tales como la libertad individual frente al Estado y la igualdad formal ante la ley, mientras que los pueblos indígenas cimentaban su visión del mundo en la idea de justicia y de cooperación fraterna. La tensión producida entre estas dos visiones fue inevitable y lo sigue siendo.

A partir de la conformación de los nuevos Estados en América Latina, las constituciones que se establecieron tuvieron una clara inspiración en la Revolución francesa asentada sobre la base de derechos liberales de carácter universal. Luego de más de un siglo y medio, los Estados se enfrentan con la realidad de que la universalidad deseada no podía dar cuenta de derechos humanos que no eran respetados, tales como la preservación de la identidad y la convivencia con la diferencia.

 Los Pueblos indígenas reclaman un reconocimiento que atraviese transversalmente temas de importancia nacional como son los de la tierra, su condición política, sus formas de gobierno y administración de justicia, respeto a sus culturas, participación en la toma de decisiones de gobierno.

 Si bien normativamente se han dado avances en gran parte de los países, lo cierto es que por lo general (sin ir más lejos países como Ecuador y Bolivia) los no indígenas se resisten a admitir la existencia, en un pie de igualdad, de derechos que con distintas fuentes son equiparables en términos de legitimidad y legalidad. Los argumentos son múltiples, un racismo disfrazado de paternalismo, y hasta un paternalismo -ejercido de buena fe- que no deja de ser profundamente perjudicial para los pueblos indígenas. Las resistencias también se atrincheran en aparatos jurídicos eruditos, en la no admisión de la existencia de otro tipo de valores, bajo la imperiosa necesidad de no desmembrar lo que tanto costó unir.

A pesar de las dificultades, no son todos obstáculos. Un sector importante promueve la reforma en este ámbito, sosteniendo una convicción muy fuerte de que sólo la conformación de un Estado plural podrá enfrentar los males de la globalización combinándolo con una soberanía no rígida, y con un nuevo acuerdo entre los distintos pueblos que componen el Estado. No hace falta ir muy lejos en la historia de nuestros pueblos para demostrar que movimientos como el de Chiapas intentan encontrar una síntesis entre las demandas indígenas, una nueva estructura política y la posibilidad de lidiar con un orden internacional al que se deben poner límites. Esta es una alternativa válida y atractiva para imaginarnos un orden sin violencia, en el que los pueblos indígenas puedan diseñar autónomamente sus planes de vida.

Pero tal vez sea importante tener presente que el obstáculo más importante en el nuevo diseño estatal no es la falta de instrumental normativo que lo regule, y mucho menos la falta de conciencia de pueblos que han sobrevivido – sin perder su singularidad- por siglos a los acontecimientos más desvastadores (desde la conquista hasta guerras internas en los propios Estados, así como masacres contemporáneas que diezmaron su población. Baste citar como ejemplo el caso de Guatemala, y los operativos “tierra arrasada” llevados a cabo por el Ejército, en donde se eliminaron comunidades indígenas por completo). La falta de voluntad política encaminada  a admitir y construir un genuino pluralismo estatal, aunada a una historia hostil que consideraba al indígena como alguien que -en el mejor de los casos- debía proteger, produce efectos altamente nocivos que dilatan la obtención de resultados en el corto y mediano plazo.

 El sistema judicial, como uno de los pilares básicos del sistema democrático, tiene un rol preponderante a cumplir no sólo en el tratamiento de los pueblos indígenas, sino en la construcción de un discurso basado en la no discriminación y la tolerancia. Esto, obvio es aclararlo, en el ámbito del “deber ser”. En la realidad, el funcionamiento concreto de los sistemas de justicia no contribuye en gran medida a acrecentar un sentimiento de tolerancia en la sociedad, ya sea por su conservadurismo atávico, ya sea por su contribución sostenida al mantenimiento del status quo, lo que lo convierte en un segmento estático más que en un impulsor del cambio.

Los jueces deben asumir un papel relevante en el diseño de las nuevas instituciones, comprendiendo que en la medida que señalen en sus fallos interpretaciones de la ley proclives a profundizar la desigualdad ante la ley, fomentaran un trato discriminatorio y arbitrario.

Como productor de normas, el Poder Legislativo debe representar a los ciudadanos en sus demandas, a través de la elaboración de leyes que puedan conducir las expectativas ciudadanas. Para ello, debe hacer un esfuerzo no sólo de traducir lo más fielmente posible los intereses de quienes representan, sino que debe dar cabida al mayor número de posiciones que enriquezcan la discusión, sin excluir ninguna de ellas. En este sentido, también debe escuchar todas las voces y regular de modo distinto a quienes por sus características diferenciadas así lo ameriten. Es así que se ha legislado en algunos países (son ejemplos claros Bolivia, Guatemala, Colombia), siempre dentro de los procesos de reforma mencionados, normas que contemplan la diversidad cultural y que -en alguna medida- quiebran el orden jurídico monolítico permitiendo que se incorporen al mismo reglas que, evitando la discriminación, contemplan la existencia de esta diversidad.  

Desde el Poder Judicial, la posibilidad de sentar jurisprudencia en casos paradigmáticos sobrepasa el ámbito estrictamente jurídico, creando conciencia de la importancia del respeto, la tolerancia y la no discriminación. Es el caso de Colombia, ya que a partir de la Constitución de 1991 su jurisprudencia constitucional ha sido rica y ha dejado establecida, a través de la interpretación, bases claras que indican claramente el contenido de sus normas en el caso de la diversidad étnica y cultural. Lamentablemente hoy asistimos a un retroceso en material de sentencias de la Corte Constitucional que ojalá no borre los avances ejemplares que se dieron en su momento, estableciendo señales indubitables de cuáles son las medidas que pueden tomarse desde el interior del sistema judicial e indicando un avance frente a la discriminación y a la intolerancia. Ése, sin lugar a dudas, es uno de los caminos que los Estados pueden escoger para sobreponerse a los modelos que prevalecieron, y que tuvieron a los procesos de colonización y de exclusión como su centro.

[1]Profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

“Justicia Comunitaria y el significado de la Vara de Juramento ante el Bastón de Mando”

Por Melitón Bautista Cruz*

La justicia comunitaria es delicada por la “Vara de juramento” porque es donde se jura de aceptar el cargo, donde se jura de aplicar la justicia comunitaria con transparencia, donde se jura de realizar con claridad y transparencia la rendición de cuentas, donde se jura a respetar la voz y el mandato de la ciudadanía, y donde se jura que haya armonía y entendimiento en la asamblea comunitaria.

El bastón de mando, es otro concepto, es de mandar, los españoles lo tomaron para golpear  y gobernar, para oprimir y esclavizar con el bastón, por eso nos la impusieron como bastón de mando; para la Autoridad que se rige realmente por usos y costumbres, decimos en lengua materna zapoteca “Chhua bara juramento guzi lo nhao binha gonexoen” (ante la Vara de Juramento aceptó la gran responsabilidad). Da entender que se recibió la vara de juramento con respeto y en un lugar especial y sagrado para todos los ciudadanos del pueblo, no se recibió en cualquier parte o en cualquier lugar.

Cuando la Autoridad Municipal no ejerce bien su función o la justicia comunitaria es parcial, favoreciendo a cierta persona o grupo, la gente del pueblo le reclaman diciéndole: Guzi xhen xanha beenan xlatan arha ka nashoka barajuramento gate gozi lonhaon leen (disculpe señor Presidente, Síndico o Alcalde Único Constitucional a quien ejerce la justicia), “hazlo como debe de ser sin favoritismo, porque cuando usted recibió la vara de juramento no estaba torcida, está recta y consagrada por el Consejo de Ancianos” Por lo cual la justicia comunitaria debe ser con claridad y transparencia sin favoritismo.

El bastón es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo; pero no es un bastón de mando, porque nadie manda, la que manda es la asamblea comunitaria.

Lo que la Autoridad hace es vigilar que haya armonía, tranquilidad, respeto y orden; el cabildo municipal debe estar pendiente a la realización de pedimentos cada luna nueva y principio de cada mes en los lugares sagrados del territorio del pueblo, pidiendo bienestar de cada ciudadano, para que tengan salud y alimentos, y la autoridad pide la iluminación, sabiduría para realizar justicia justa y la transparencia de la rendición de cuentas durante su período, esta es la esencia de la cultura y justicia comunitaria, no está separada la relación del hombre con la naturaleza y el cargo comunitario, no queda solamente en las elecciones del llamado usos y costumbres, sino es un conjunto de elementos que permite la estabilidad del pueblo.

En las comunidades de la sierra norte, son tres varas de juramentos, que se rigen, Cargo de Presidente, Síndico Municipal y de Alcalde Único Constitucional. En el Foro que se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca en los días 8 y 9 de agosto del año pasado 2007. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, evento organizado por la Unidad Regional Oaxaca, de la Dirección General de Culturas Populares, se expuso esta parte ante los panelistas: Lic. Adelfo Regino Montes y el Antrop. Salomón Nahmad Sitton, en lo cual le dieron el nombre de Bastón de Servicio y no de mando.

Todo el cabildo, forman una familia durante un año, sin recibir ninguna remuneración, al contrario sacrifican a su familia con el fin de velar por el bien del pueblo y todos tienen la responsabilidad de servir al pueblo y no servirse de él.

A partir de la conquista nos han impuesto una serie de normas que nada tiene que ver con el derecho consuetudinario o la vivencia reglamentaria de los pueblos y comunidades indígenas. Porque esa Ley  denominada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está a favor de los que más tienen, de los poderosos y de los que fueron a la Escuela Oficial, y la ley del pueblo, de los pobres e indígenas no es escuchada solo se queda fuera del contexto jurídico, social, político, económico, educativo y cultural. 

Las normas consuetudinarias y el Derecho Colectivo. Son los usos y costumbres de la comunidad, para esto tenemos que reflexionar ¿quiénes somos y qué queremos hacer de nuestras vidas y de nuestros pueblos? para todos los aspectos, la asamblea es el órgano máximo, para ejercer su propia justicia comunitaria, derecho y disfrute de sus tierras y la plena libertad de sus territorios. La justicia comunitaria es dialogada, comprensiva, reflexiva, en torno a la vivencia comunitaria y la consulta a través del consejo de ancianos, donde se guardan los conocimientos ancestrales como base de la cultura originaria en justicia tradicional. Porque la justicia comunitaria, tiene que ser explicada y aplicada conforme a la resolución y análisis  del cabildo municipal, no lo debe aplicar sólo el Presidente o Síndico Municipal de igual forma el Alcalde Único Constitucional y los que quieren violar y alterar estos conocimientos sobre la justicia comunitaria, que se viene aplicando de generación a generación; son los que fueron a la escuela oficial o son los que tienen contactos con los funcionarios, en ocasiones los agentes del Ministerio Público llegan al grado de decirles a las Autoridades Comunitarias, cualquier asunto túrnamelo, con la reflexión en lengua zapoteca, se interpreta de la siguiente manera goselan nhigaa nheda chhaka chhafa (túrnamelo porque yo sí puedo comer). Refiriendo la multa o fianza que les aplican para liberarlos de inmediato. ¡Y esos pagos a donde se queda!, nunca se ha escuchado que se va rendir informe financiero de las multas o fianzas, por eso los paisanos lo interpretan de esa manera. Mientras que la justicia comunitaria es lenta, hasta que el individuo acepte a reponer o pagar el daño causado, o por negligencia a no prestar el tequio, servicios o cargos comunitarios; tanto para los radicados en la comunidad como para los ausentes, muchas veces estos individuos incumplidos reflexionan antes de que se turne a la asamblea general del pueblo, una vez turnada en la asamblea ahí se determina el castigo y multa que se le aplicara.

Pero muchas de las veces estos incumplidos, en lugar de reconocer y entrar en las negociaciones con la asamblea,  ponen la demanda ante el agente del ministerio público y a la Comisión de Derechos Humanos, donde violan los principios de los derechos colectivos, que es la libre determinación del pueblo,  la voz de la asamblea comunitaria.

¡Cómo puede ser que la mayoría prestan los tequios, servicios y cargos, y por un solo individuo pisotee los acuerdos de la asamblea, por tener influencia externa o por tener dinero!, para los funcionarios es violación al estado de Derecho, ya que los  funcionarios de las instituciones correspondientes no respetan ni reconocen lo que es el derecho colectivo, no tienen ni menor idea la determinación del pueblo. Todas las sanciones que se aplica en la justicia comunitaria, estará presente en la rendición de cuentas el día dos de enero cuando la ex – autoridad rinde su informe.

Cuando aplican las multas y el individuo que se pone necio a pagar,  la autoridad le dice: kaga da shexoana lo sho’ rhixhaen , xha chopa nhero ka rhenho ka shodean lo nha benedao bene shexhe,  No te preocupes hermano, cubre tu multa, porque no lo voy a llevar a mi casa, el día dos de enero escucharás que voy a rendir cuentas ante la asamblea general del pueblo. Este contexto es realmente usos y costumbre, donde todavía existe el respeto, donde la idea externa no ha logrado corromper en la administración de justicia comunitaria. Hoy en día  vemos con tristeza a muchos de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, sus usos y costumbres quedó en el discurso, por que su esencia ya se acabó y se convirtió en abusos de las costumbres originarias

Unidos reflexionemos para una justicia justa y transparente, por el bien de nuestros pueblos y comunidades indígenas, revalorar nuestra identidad cultural a través de la educación familiar, comunitaria, e incorporarla a la educación de nuestros hijos. Nuestros principios como pueblos originarios está respaldado y reafirmado en los cuarenta y seis artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, asamblea general de la ONU del día trece de septiembre del  año pasado 2007,  fecha inolvidable e histórica para el mundo entero a favor de los pueblos indígenas¹.

 

* Ex-Presidente, Sindico Municipal y Alcalde Único Constitucional del    Municipio   de San Juan Tabaá, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, período 1994 – 1997  y  2002

¹La fotografía y algunos textos fueron tomados del libro “Normas de Convivencia a         través de Acuerdos Comunitarios”  del mismo Autor: Melitón Bautista Cruz.

TEPJF ordena respetar libre determinación y autonomía de San Carlos Yautepec, Oaxaca

Por Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani*

Oaxaca, México, 2 de octubre de 2018.- El día 25 de septiembre del año en curso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las autoridades del estado de Oaxaca respetar la forma de nombrar a autoridades municipales de San Carlos Yautepec, Oaxaca y no imponer criterios del sistema de partidos políticos. Se trata del asunto identificado como el Recurso de Reconsideración 388 (SUP-REC-388/2018), en que la comunidad fue acompañada por su servidora y por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C., y que fue acumulado con otro recurso relativo a los mismos hechos.

El asunto estuvo a cargo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella, en la sesión pública en la que se resolvió el recurso, explicó que con la resolución “se privilegia la autonomía que históricamente se han reconocido mutuamente a las comunidades que residen en el municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, para la designación de sus autoridades comunitarias en términos de sus propios sistemas normativos internos”.

En sus palabras: “un criterio contrario que sería declarar la invalidez de la elección por la alegada exclusión de las agencias municipales y de policía, se traduciría en una intromisión por parte del Estado en la vida interna de estas comunidades obligándolas a modificar sus sistemas normativos sin un acuerdo que sea emanado de ellos mismos.”

El tribunal electoral local de Oaxaca e incluso, la Sala Regional Xalapa del mismo TEPJF había “invalidado” por la “no participación” de las agencias municipales el proceso de nombramiento de autoridades. Peor aún, habían “validado” un proceso organizado no por la comunidad de San Carlos Yautepec sino por el estado, a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en que se impuso un sistema simulando el de partidos políticos, con una “planilla única”, con la supuesta justificación de la participación de las agencias.

La magistrada Soto Fregroso argumentó que “si las comunidades a las que pertenecen las personas de las agencias inconformes han sido autónomas de la comunidad que se asienta en la cabecera municipal no hay… razón válida para considerar que la exclusión de aquellas en las elecciones de la cabecera municipal constituya una vulneración al principio de universalidad del sufragio.”

Más importante aún, la magistrada hizo notar que “para solucionar los conflictos existentes, es necesario que sean las propias comunidades indígenas quienes en uso de su autonomía y autodeterminación generen los acuerdos que les permitan la participación política de las agencias en las cuestiones que les afecten”.

En resumen, la Sala Superior del TEPJF validó el nombramiento de autoridades municipales en San Carlos Yautepec que se realizó conforme al Derecho Electoral Indígena o normas comunitarias de la propia comunidad, en la que sólo participó la ciudadanía de la cabecera municipal. Hubo cinco votos a favor y sólo dos en contra, de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez. Ambos magistrados se basaron en argumentos, principios y valores propios del sistema de partidos políticos y NO los sistemas normativos indígenas.

 

* Abogada experta en el Derecho Electoral Indígena, ex funcionaria de la Sala Superior del TEPJF y del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca que acompañó a San Carlos Yautepec en este asunto frente la misma Sala Superior.

 

Por ser indígena, juez suspendió su proceso más de 4 meses

Oaxaca, México, a 22 de septiembre 2018.-  Una persona sujeta a una causa penal bajo la jurisdicción de un juez federal en el estado de Oaxaca, en la diligencia de declaración preparatoria se auto se auto-adscribió a la etnia indígena mixteca; motivo por el cual el juez federal decretó la suspensión del plazo constitucional bajo el argumento de respetar su garantía de defensa en su condición de indígena, y de que contara con un defensor público federal bilingüe que conociera su lengua y costumbres de su comunidad de origen y vecindad, y le asistiera en las diligencias a desahogarse en el proceso penal.

La suspensión del plazo constitucional ocasionó que no se resolviera la situación jurídica del inculpado dentro de las setenta y dos horas, o el ampliado de ciento cuarenta y cuatro, estipulados en el articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esa situación, la defensa del inculpado promovió un juicio de amparo indirecto, en cuya sentencia, el juez conocedor del amparo, determinó que se violaron derechos fundamentales del quejoso debido a la dilación para resolver acerca de su situación jurídica y concedió el amparo para el efecto de que el juez de la causa, en restitución del derecho humano transgredido, una vez que causara ejecutoria la sentencia, de inmediato dictara todos y cada uno de los acuerdos necesarios, realice los apercibimientos e imponga las medidas de apremio conducentes y, en su caso, las hiciera efectivas, todo ello para que a la brevedad, proveyera respecto del perito y/o intérprete de la lengua a la que se auto adscribió el quejoso. Enseguida, continuara con el procedimiento legal, dentro de los plazos y en términos legales a fin que dentro del plazo constitucional (que hasta ese momento se encontraba suspendido) resolviera sobre la situación jurídica del quejoso.

Desde el momento en que se decreto la suspensión del plazo constitucional, hasta el momento en que se dicto la sentencia de amparo por el juez de distrito, habían transcurrido cuatro meses y ocho días.

Contra la sentencia de amparo, la parte quejosa promovió el recurso de revisión y del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa  del Décimo Tercer Circuito,  que tiene su residencia en el Estado de Oaxaca.

Al resolverse el Recurso de revisión los magistrados del tribunal colegiado determinaron modificar la sentencia del juez de distrito, y otorgar el amparo liso y llano para que la autoridad responsable (el juez de la causa) decretara la inmediata libertad del inculpado, lo que debía ocurrir  con las reservas de ley y con independencia de que prosiguiera su curso la causa penal respectiva, y tomara las medidas cautelares para garantizar su apersonamiento y comparecencia en la causa penal las veces que fuera requerido.

El razonamiento del tribunal colegiado se basa en que que los efectos de la concesión del amparo establecidos por el juez de distrito, no eran congruentes con el tipo de violación del derecho a la libertad de locomoción que existe en la persona del quejoso con motivo de la dilación presentada desde la fase de pre instrucción, relativa a no resolver su situación jurídica en el término constitucional por no contar con un abogado defensor oficial que le asista como traductor e intérprete en las diligencias a que hubiera lugar, particularmente al rendir su declaración preparatoria.

Así mismo, se estableció que al transcurrir en exceso el termino previsto constitucionalmente para agotar la etapa de pre instrucción y definir el estado procesal en que debía permanecer el inculpado, se contrariaron sus derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídicos consagrados en la Constitución Política del país.

Por otra parte, al quedar demostrada la transgresión de los plazos establecidos en el articulo 19 Constitucional para justificar judicialmente la detención de una persona, el efecto del amparo desde un primer momento tuvo que ser para ordenar que el quejoso fuera puesto inmediatamente en libertad, pues la situación que estaba padeciendo era por razones no imputables a su persona, sino al Estado y sus instituciones, y la Constitución Federal no prevé la omisión de resolver su situación jurídica dentro del término de setenta y dos horas bajo el argumento de que se auto adscribió a una etnia indígena del Estado de Oaxaca.

 

Información publicada originalmente en http://juristadelfuturo.org/por-ser-indigena-un-juez-suspendio-su-proceso-mas-de-cuatro-meses/ y que se reproduce aquí con la autorización del editor.

 

 

San Carlos Yautepec, Oaxaca: la resistencia de lo propio frente a la imposición

Por Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani*

La libre determinación y autonomía implica el derecho de las diversas comunidades de Oaxaca a nombrar a sus autoridades (municipales/civiles/administrativas, religiosas, comunales, de comités, etc.) para conformar sus sistemas de cargos aplicando sus propias normas y procedimientos, en asamblea general comunitaria. El tema de los sistemas normativos indígenas– término acuñado para diferenciar a las comunidades que se rigen por asamblea de las que usan el sistema de partidos políticos– involucra un reconocimiento real de formas propias, comunitarias, de organizar la vida en colectividad.

En este contexto, como parte del ataque que parecer ser sistemático en contra de los sistemas normativos indígenas y la comunalidad en Oaxaca, han surgido tres argumentos. Tienen como trasfondo una visión racista de las comunidades y sus formas de organización, en el peor de los casos, o un desconocimiento total, en el mejor.

El primer argumento es que los sistemas normativos comunitarios discriminan a la mujer. Este argumento desconoce que todas las personas están sumamente ocupadas en las comunidades, y nadie puede tomarse el lujo de “no participar”, como pasa en el mundo externo. Todos deben de participar—en los cargos, en el campo, en la artesanía o el oficio, en los tequios, en las fiestas y ritos colectivos—pues la comunalidad es absorbente. Es tan absorbente que al hacer un cargo– realmente una carga– se necesita de la ayuda de toda la familia para poder sacar el compromiso. Al cumplir, es a nombre de todos los que pertenecen a su unidad familiar, y al hacerlo bien, queda bien la persona, su unidad familiar y también su familia extensiva. Más importante aún, se considera “ciudadano activo”, es decir, cumple con sus obligaciones y por ende, toda la unidad familiar tiene derechos.

El segundo tema de moda para los detractores de la comunalidad y los sistemas jurídicos comunitarios es el de los “derechos” de los “avecindados” en los municipios conurbados. En este ámbito, con total claridad y firmeza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictada en diversas resoluciones relativas a la comunidad de San Sebastián Tutla que los foráneos avecindados del fraccionamiento El Rosario, aunque sean la mayoría, no tienen tales derechos a menos que sea dentro del sistema normativo y sistema de cargos de la comunidad. Si quieren participar, que empiecen desde topil y demuestren su respeto y disposición de servir a la comunidad.

El tercer tema comúnmente manejado en contra de los sistemas normativos indígenas es la supuesta discriminación por parte de las comunidades conocidas como “cabeceras municipales” contra las conocidas como “agencias” o “agencias de policía”. Lo anterior es, como los dos anteriores, un simple ataque a los principios y valores comunitarios disfrazado con argumentos del derecho oficial, el derecho ajeno, el sistema de partidos.

El principio más importante en un municipio grande como San Carlos Yautepec, ubicado entre las regiones del Istmo y la Sierra Sur y con comunidades Zapotecas, Chontales

y Ayuujk (Mixes), es el respeto entre las comunidades. Cada comunidad tiene su territorio (por ende, existen 23 comunidades agrarias con sus respetos comisariados de bienes comunales), su asamblea como máxima autoridad, su sistema de cargos, sus tequios y sus fiestas y ritos colectivos. Por ende, cada comunidad se organiza según su idioma, su geografía, su cultura, su cosmovisión y sus prioridades.

Un proceso de “elección” usando una “planilla única”, como impuso a finales del año pasado el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sin consultar a la comunidad a través de la asamblea general comunitaria de forma previa, libre e informada, implicó para la comunidad de San Carlos Yautepec, cabecera del municipio y del distrito, un cambio radical a sus normas comunitarias y su forma de regirse. Se asemejó totalmente al sistema de partidos políticos, en contra de los derechos colectivos de la comunidad. Lo anterior, con base en la supuesta participación de las agencias.

En la actualidad existe un cabildo nombrado por la comunidad de San Carlos Yautepec en la asamblea general comunitaria. Pero las personas “reconocidas” por el IEEPCO como autoridad municipal son quienes fueron electas por el proceso mencionado en líneas anteriores, organizado SIN consultar a San Carlos Yautepec a través de su asamblea. Estas autoridades despachan desde un lugar desconocido, aparentemente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y reciben el dinero que pertenece a todas las comunidades del municipio.

El Tribunal Electoral de Oaxaca confirmó la validación de estas autoridades por parte del IEEPCO, igual que la Sala Regional Xalapa del TEPJF. En este momento, el asunto está en manos de la máxima autoridad electoral en el país, la Sala Superior del TEPJF. Se trata del Recurso de Reconsideración (REC) 375/2018 y 388/2018 (SUP-REC-375/2018 y SUP-REC-388/2018), a través del cual, la comunidad de San Carlos Yautepec pide a la Sala Superior reconsiderar el acuerdo del IEEPCO que aprobó este proceso anti constitucional y anti convencional (es decir, contrario a las convenciones internacionales) de “elección”, y pide que se tome como válido el cabildo nombrado por la asamblea general comunitaria bajo las normas y procedimientos que siempre se han aplicado en la comunidad. El asunto está a cargo de la magistrada bajacaliforniana, Mónica Aralí Soto Fregosa.

El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Carlos Yautepec y el Alcalde Único Constitucional entregaron, en conjunto, un informe de autoridades a las y los magistrados de la Sala Superior, en el cual detallaron información relevante que deben de tomar en cuenta al resolver el asunto, según los directrices de la Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, publicación de la misma Sala Superior. Además, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C. presentó un amicus curiae, o escrito de amigo de la corte, describiendo información de vital importancia para dictar una resolución respetuosa de los derechos colectivos de la comunidad de San Carlos Yautepec, su forma de organización y sus normas comunitarias.

Asuntos como el de San Carlos Yautepec son de vital importancia porque permiten analizar el comportamiento de los magistrados y si toman decisiones basadas en el respeto real al pluralismo jurídico, aplicando una perspectiva intercultural. También son una mirada al acceso a la justicia que existe en México para las comunidades que defienden sus derechos colectivos a pesar de tanta adversidad, tanto racismo en contra de la comunalidad, y tanto deseo de homogenizar todas al sistema de partidos políticos.

Los ojos de todas las comunidades oaxaqueñas están fijadas sobre la Sala Superior del TEPJF y las y los magistrados que la integran, y se espera un resultado favorable para la comunidad de San Carlos Yautepec que sirva de precedente para todas las comunidades oaxaqueñas y el país entero.

 

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Diálogos horizontales por la Gobernanza comunitaria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Febrero 26 de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

 

• Es fundamental que las políticas públicas incorporen el enfoque de interculturalidad.
• Los diálogos entre ciudadanías y gobierno son base para la cohesión social.
• La articulación interinstitucional obliga a transversalizar enfoques de género, intergeneracionalidad y sustentabilidad.

Villa Díaz Ordaz, Oaxaca, a veintiseis de febrero de 2018. En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II Oaxaca y desde el proyecto “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”; el pasado sábado 24 de febrero se reunieron en una mesa de diálogo, Autoridades municipales y liderazgos comunitarios de Villa Díaz Ordaz con integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. En estas mesas participaron la Lic. María Cristina Emigdia Ruíz Ruíz por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Mtra. Marie Augouy por parte de la Delegación de la Unión Europea en México y el Mtro. Javier Francisco Javier Ruíz Arteaga y el Dr. Mauro Gasbarra de la Asistencia Técnica Internacional.

Durante el diálogo, las Autoridades municipales y líderes comunitarias compartieron las fortalezas y los retos en materia de gobernanza comunitaria reconociendo la importancia de contar con un proceso de actuación conjunto en el que se tomen en cuenta la diversidad de características sociales, culturales y políticas, aludiendo al reconocimiento y respeto de las formas de organización de cada comunidad.

Finalmente, se definieron estrategias para iniciar trabajos de articulación y dar seguimiento al fortalecimiento de la gobernanza a nivel comunitario y estatal a través de la participación ciudadana y el ejercicio pleno de derechos; entre los que destacan, el fortalecimiento a través de diálogos horizontales entre Autoridades municipales, comunitarias, titulares de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de consolidar compromisos por la gobernanza.

 

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