Por Carlos Morales Sánchez*
Oaxaca, México.- 4 de diciembre de 2017.- Aquella mañana templada del 2010, llegué al edificio frio y gris de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las jacarandas matizaban el gris plomizo de la sede del tribunal más alto. En la agenda de los asuntos a sesionar de la Primera Sala estaban tres asuntos que como defensor público federal postulaba.
Defendí a tres personas indígenas que, en tres momentos diferentes, habían sido sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de estupefaciente. Cada una de ellas, por separado había sido detenida en un retén militar, llamados eufemísticamente “puesto de control” o “puesto de revisión”.
El argumento principal esgrimido en la demanda de Amparo Directo en Revisión era la inconstitucionalidad de los retenes y en consecuencia la inconstitucionalidad de las detenciones que tornaba ilícitas –en virtud de la Fruit of the poisonous tree (doctrina que declara inadmisible las pruebas obtenidas ilegalmente)– incluso el objeto material asegurado en la detención.
Tradicionalmente se había dicho que los retenes eran inconstitucionales porque violentaban el derecho al libre tránsito. En mis demandas de amparo me aparté de ese argumento e introduje uno nuevo. Indiqué que la instalación de los retenes militares violaba el artículo 129 de la Constitución Federal porque en tiempo de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar pues las tareas de seguridad pública corresponden exclusivamente a las policías.
Para evitar que la autoridad judicial aplicaran la jurisprudencia P./J. 38/2000 que establece que “las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen”, es decir, que las autoridad militares pueden intervenir siempre y cuando medie la petición de una autoridad civil argumenté que en los casos que se analizaban no mediaba ninguna petición de autoridad civil.
Durante el curso de los procesos penales había solicitado a las autoridades militares remitieran las órdenes escritas fundadas y motivadas de la instalación de los puestos de control militar. También solicité informaran si alguna autoridad civil había solicitado en auxilio la instalación de los retenes. Las respuestas fueron en el mismo sentido: no tenían orden fundada y motivada que autorizara la instalación de los retenes y ninguna autoridad civil les había solicitado auxilio.
La Primera Sala de la SCJN tuvo en sus manos la posibilidad de ordenar el regreso del instituto armado a los cuarteles. Si la Corte hubiese determinado la inconstitucionalidad de los retenes militares estaría, de facto, prohibiendo la actuación de militares en tareas de seguridad pública. Al final, tras una votación cerradísima quedamos dos a tres. Los votos quedaron para la historia: a favor fueron los de Cossío y Záldivar Lelo de Larrea.
El voto mayoritario eludió analizar la constitucionalidad de los retenes y desde el análisis de la flagrancia se argumentó que las detenciones eran lícitas porque la flagrancia autorizaba incluso a los particulares a detener a una persona en el momento mismo de la comisión. La SCJN aún no había generado la teoría de los tres niveles de contacto tomada de la jurisprudencia norteamericana.
En el voto particular, que no tiene desperdicio alguno, el ministro Cossío planteaba que ya era hora de analizar la constitucionalidad de los retenes más allá de la flagrancia y las razones de su disenso del voto mayoritario. El voto, que en lo esencial coincide con lo propuesto por la defensa, está enmarcado en lo más alto de mi oficina.
Aquella mañana, abandoné el edificio de Pino Suárez con desazón. Crucé el Zócalo adornado por la grandiosidad de nuestro lábaro patrio. Tuve la certeza de que el clima de inseguridad que primaba entonces (hoy estamos peor) era la razón por la que tres ministros votaron en contra.
Años después, fui invitado a participar en una reunión de expertos en uso de la fuerza y derechos humanos. Todos nos fuimos presentando. En un receso se me acercaron servidores públicos militares: “¿usted es el defensor oaxaqueño que llevó tres amparos ante la Corte argumentando la inconstitucionalidad de los retenes?”. “Si”, respondí temeroso. “Nosotros prendimos una veladora para que la Corte le concediera el amparo”. Asombrado inquirí la razón: “No es nuestra guerra. Las policías deben cumplir ese papel. Nosotros queremos regresar a nuestros cuarteles.”
El martes, el Senado de la República votará la Ley de Seguridad Interior que legaliza la intervención de los institutos armados en tareas plenas de seguridad pública sin necesidad de que medie declaratoria, otorgándole incluso el mando en operaciones civiles. Esta ley clasificará como de seguridad nacional las actividades realizadas en tareas de seguridad pública encubiertas bajo el nombre de “seguridad interior” y clasificadas de esta manera estarían a salvo del escrutinio ciudadano. Ernesto López Portillo, de Insyde, ya ha alertado con mucha claridad sobre los riesgos de la ley. Espero que el Senado tenga la sensibilidad para no aprobarla.
Si el Senado la aprueba, el interés legítimo posibilitará que ciudadanos acudamos ante la SCJN demandando la inconstitucionalidad de la ley a través del amparo. La CNDH y el grupo parlamentario del PRD harán su parte a través de las acciones de inconstitucionalidad. Otra vez, la pelota estará en la cancha de la SCJN. Ojalá que ahora el máximo tribunal del país si se atreva.
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