“Justicia Comunitaria y el significado de la Vara de Juramento ante el Bastón de Mando”

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Por Melitón Bautista Cruz*

La justicia comunitaria es delicada por la “Vara de juramento” porque es donde se jura de aceptar el cargo, donde se jura de aplicar la justicia comunitaria con transparencia, donde se jura de realizar con claridad y transparencia la rendición de cuentas, donde se jura a respetar la voz y el mandato de la ciudadanía, y donde se jura que haya armonía y entendimiento en la asamblea comunitaria.

El bastón de mando, es otro concepto, es de mandar, los españoles lo tomaron para golpear  y gobernar, para oprimir y esclavizar con el bastón, por eso nos la impusieron como bastón de mando; para la Autoridad que se rige realmente por usos y costumbres, decimos en lengua materna zapoteca “Chhua bara juramento guzi lo nhao binha gonexoen” (ante la Vara de Juramento aceptó la gran responsabilidad). Da entender que se recibió la vara de juramento con respeto y en un lugar especial y sagrado para todos los ciudadanos del pueblo, no se recibió en cualquier parte o en cualquier lugar.

Cuando la Autoridad Municipal no ejerce bien su función o la justicia comunitaria es parcial, favoreciendo a cierta persona o grupo, la gente del pueblo le reclaman diciéndole: Guzi xhen xanha beenan xlatan arha ka nashoka barajuramento gate gozi lonhaon leen (disculpe señor Presidente, Síndico o Alcalde Único Constitucional a quien ejerce la justicia), “hazlo como debe de ser sin favoritismo, porque cuando usted recibió la vara de juramento no estaba torcida, está recta y consagrada por el Consejo de Ancianos” Por lo cual la justicia comunitaria debe ser con claridad y transparencia sin favoritismo.

El bastón es un símbolo de respeto a la aceptación del cargo; pero no es un bastón de mando, porque nadie manda, la que manda es la asamblea comunitaria.

Lo que la Autoridad hace es vigilar que haya armonía, tranquilidad, respeto y orden; el cabildo municipal debe estar pendiente a la realización de pedimentos cada luna nueva y principio de cada mes en los lugares sagrados del territorio del pueblo, pidiendo bienestar de cada ciudadano, para que tengan salud y alimentos, y la autoridad pide la iluminación, sabiduría para realizar justicia justa y la transparencia de la rendición de cuentas durante su período, esta es la esencia de la cultura y justicia comunitaria, no está separada la relación del hombre con la naturaleza y el cargo comunitario, no queda solamente en las elecciones del llamado usos y costumbres, sino es un conjunto de elementos que permite la estabilidad del pueblo.

En las comunidades de la sierra norte, son tres varas de juramentos, que se rigen, Cargo de Presidente, Síndico Municipal y de Alcalde Único Constitucional. En el Foro que se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca en los días 8 y 9 de agosto del año pasado 2007. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, evento organizado por la Unidad Regional Oaxaca, de la Dirección General de Culturas Populares, se expuso esta parte ante los panelistas: Lic. Adelfo Regino Montes y el Antrop. Salomón Nahmad Sitton, en lo cual le dieron el nombre de Bastón de Servicio y no de mando.

Todo el cabildo, forman una familia durante un año, sin recibir ninguna remuneración, al contrario sacrifican a su familia con el fin de velar por el bien del pueblo y todos tienen la responsabilidad de servir al pueblo y no servirse de él.

A partir de la conquista nos han impuesto una serie de normas que nada tiene que ver con el derecho consuetudinario o la vivencia reglamentaria de los pueblos y comunidades indígenas. Porque esa Ley  denominada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está a favor de los que más tienen, de los poderosos y de los que fueron a la Escuela Oficial, y la ley del pueblo, de los pobres e indígenas no es escuchada solo se queda fuera del contexto jurídico, social, político, económico, educativo y cultural. 

Las normas consuetudinarias y el Derecho Colectivo. Son los usos y costumbres de la comunidad, para esto tenemos que reflexionar ¿quiénes somos y qué queremos hacer de nuestras vidas y de nuestros pueblos? para todos los aspectos, la asamblea es el órgano máximo, para ejercer su propia justicia comunitaria, derecho y disfrute de sus tierras y la plena libertad de sus territorios. La justicia comunitaria es dialogada, comprensiva, reflexiva, en torno a la vivencia comunitaria y la consulta a través del consejo de ancianos, donde se guardan los conocimientos ancestrales como base de la cultura originaria en justicia tradicional. Porque la justicia comunitaria, tiene que ser explicada y aplicada conforme a la resolución y análisis  del cabildo municipal, no lo debe aplicar sólo el Presidente o Síndico Municipal de igual forma el Alcalde Único Constitucional y los que quieren violar y alterar estos conocimientos sobre la justicia comunitaria, que se viene aplicando de generación a generación; son los que fueron a la escuela oficial o son los que tienen contactos con los funcionarios, en ocasiones los agentes del Ministerio Público llegan al grado de decirles a las Autoridades Comunitarias, cualquier asunto túrnamelo, con la reflexión en lengua zapoteca, se interpreta de la siguiente manera goselan nhigaa nheda chhaka chhafa (túrnamelo porque yo sí puedo comer). Refiriendo la multa o fianza que les aplican para liberarlos de inmediato. ¡Y esos pagos a donde se queda!, nunca se ha escuchado que se va rendir informe financiero de las multas o fianzas, por eso los paisanos lo interpretan de esa manera. Mientras que la justicia comunitaria es lenta, hasta que el individuo acepte a reponer o pagar el daño causado, o por negligencia a no prestar el tequio, servicios o cargos comunitarios; tanto para los radicados en la comunidad como para los ausentes, muchas veces estos individuos incumplidos reflexionan antes de que se turne a la asamblea general del pueblo, una vez turnada en la asamblea ahí se determina el castigo y multa que se le aplicara.

Pero muchas de las veces estos incumplidos, en lugar de reconocer y entrar en las negociaciones con la asamblea,  ponen la demanda ante el agente del ministerio público y a la Comisión de Derechos Humanos, donde violan los principios de los derechos colectivos, que es la libre determinación del pueblo,  la voz de la asamblea comunitaria.

¡Cómo puede ser que la mayoría prestan los tequios, servicios y cargos, y por un solo individuo pisotee los acuerdos de la asamblea, por tener influencia externa o por tener dinero!, para los funcionarios es violación al estado de Derecho, ya que los  funcionarios de las instituciones correspondientes no respetan ni reconocen lo que es el derecho colectivo, no tienen ni menor idea la determinación del pueblo. Todas las sanciones que se aplica en la justicia comunitaria, estará presente en la rendición de cuentas el día dos de enero cuando la ex – autoridad rinde su informe.

Cuando aplican las multas y el individuo que se pone necio a pagar,  la autoridad le dice: kaga da shexoana lo sho’ rhixhaen , xha chopa nhero ka rhenho ka shodean lo nha benedao bene shexhe,  No te preocupes hermano, cubre tu multa, porque no lo voy a llevar a mi casa, el día dos de enero escucharás que voy a rendir cuentas ante la asamblea general del pueblo. Este contexto es realmente usos y costumbre, donde todavía existe el respeto, donde la idea externa no ha logrado corromper en la administración de justicia comunitaria. Hoy en día  vemos con tristeza a muchos de nuestros hermanos de los pueblos indígenas, sus usos y costumbres quedó en el discurso, por que su esencia ya se acabó y se convirtió en abusos de las costumbres originarias

Unidos reflexionemos para una justicia justa y transparente, por el bien de nuestros pueblos y comunidades indígenas, revalorar nuestra identidad cultural a través de la educación familiar, comunitaria, e incorporarla a la educación de nuestros hijos. Nuestros principios como pueblos originarios está respaldado y reafirmado en los cuarenta y seis artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, asamblea general de la ONU del día trece de septiembre del  año pasado 2007,  fecha inolvidable e histórica para el mundo entero a favor de los pueblos indígenas¹.

 

* Ex-Presidente, Sindico Municipal y Alcalde Único Constitucional del    Municipio   de San Juan Tabaá, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, período 1994 – 1997  y  2002

¹La fotografía y algunos textos fueron tomados del libro “Normas de Convivencia a         través de Acuerdos Comunitarios”  del mismo Autor: Melitón Bautista Cruz.

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TEPJF ordena respetar libre determinación y autonomía de San Carlos Yautepec, Oaxaca

SAN CARLOS YAUTEPEC

Por Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani*

Oaxaca, México, 2 de octubre de 2018.- El día 25 de septiembre del año en curso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las autoridades del estado de Oaxaca respetar la forma de nombrar a autoridades municipales de San Carlos Yautepec, Oaxaca y no imponer criterios del sistema de partidos políticos. Se trata del asunto identificado como el Recurso de Reconsideración 388 (SUP-REC-388/2018), en que la comunidad fue acompañada por su servidora y por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C., y que fue acumulado con otro recurso relativo a los mismos hechos.

El asunto estuvo a cargo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Ella, en la sesión pública en la que se resolvió el recurso, explicó que con la resolución “se privilegia la autonomía que históricamente se han reconocido mutuamente a las comunidades que residen en el municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, para la designación de sus autoridades comunitarias en términos de sus propios sistemas normativos internos”.

En sus palabras: “un criterio contrario que sería declarar la invalidez de la elección por la alegada exclusión de las agencias municipales y de policía, se traduciría en una intromisión por parte del Estado en la vida interna de estas comunidades obligándolas a modificar sus sistemas normativos sin un acuerdo que sea emanado de ellos mismos.”

El tribunal electoral local de Oaxaca e incluso, la Sala Regional Xalapa del mismo TEPJF había “invalidado” por la “no participación” de las agencias municipales el proceso de nombramiento de autoridades. Peor aún, habían “validado” un proceso organizado no por la comunidad de San Carlos Yautepec sino por el estado, a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en que se impuso un sistema simulando el de partidos políticos, con una “planilla única”, con la supuesta justificación de la participación de las agencias.

La magistrada Soto Fregroso argumentó que “si las comunidades a las que pertenecen las personas de las agencias inconformes han sido autónomas de la comunidad que se asienta en la cabecera municipal no hay… razón válida para considerar que la exclusión de aquellas en las elecciones de la cabecera municipal constituya una vulneración al principio de universalidad del sufragio.”

Más importante aún, la magistrada hizo notar que “para solucionar los conflictos existentes, es necesario que sean las propias comunidades indígenas quienes en uso de su autonomía y autodeterminación generen los acuerdos que les permitan la participación política de las agencias en las cuestiones que les afecten”.

En resumen, la Sala Superior del TEPJF validó el nombramiento de autoridades municipales en San Carlos Yautepec que se realizó conforme al Derecho Electoral Indígena o normas comunitarias de la propia comunidad, en la que sólo participó la ciudadanía de la cabecera municipal. Hubo cinco votos a favor y sólo dos en contra, de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez. Ambos magistrados se basaron en argumentos, principios y valores propios del sistema de partidos políticos y NO los sistemas normativos indígenas.

 

* Abogada experta en el Derecho Electoral Indígena, ex funcionaria de la Sala Superior del TEPJF y del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca que acompañó a San Carlos Yautepec en este asunto frente la misma Sala Superior.

 

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Por ser indígena, juez suspendió su proceso más de 4 meses

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Oaxaca, México, a 22 de septiembre 2018.-  Una persona sujeta a una causa penal bajo la jurisdicción de un juez federal en el estado de Oaxaca, en la diligencia de declaración preparatoria se auto se auto-adscribió a la etnia indígena mixteca; motivo por el cual el juez federal decretó la suspensión del plazo constitucional bajo el argumento de respetar su garantía de defensa en su condición de indígena, y de que contara con un defensor público federal bilingüe que conociera su lengua y costumbres de su comunidad de origen y vecindad, y le asistiera en las diligencias a desahogarse en el proceso penal.

La suspensión del plazo constitucional ocasionó que no se resolviera la situación jurídica del inculpado dentro de las setenta y dos horas, o el ampliado de ciento cuarenta y cuatro, estipulados en el articulo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante esa situación, la defensa del inculpado promovió un juicio de amparo indirecto, en cuya sentencia, el juez conocedor del amparo, determinó que se violaron derechos fundamentales del quejoso debido a la dilación para resolver acerca de su situación jurídica y concedió el amparo para el efecto de que el juez de la causa, en restitución del derecho humano transgredido, una vez que causara ejecutoria la sentencia, de inmediato dictara todos y cada uno de los acuerdos necesarios, realice los apercibimientos e imponga las medidas de apremio conducentes y, en su caso, las hiciera efectivas, todo ello para que a la brevedad, proveyera respecto del perito y/o intérprete de la lengua a la que se auto adscribió el quejoso. Enseguida, continuara con el procedimiento legal, dentro de los plazos y en términos legales a fin que dentro del plazo constitucional (que hasta ese momento se encontraba suspendido) resolviera sobre la situación jurídica del quejoso.

Desde el momento en que se decreto la suspensión del plazo constitucional, hasta el momento en que se dicto la sentencia de amparo por el juez de distrito, habían transcurrido cuatro meses y ocho días.

Contra la sentencia de amparo, la parte quejosa promovió el recurso de revisión y del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa  del Décimo Tercer Circuito,  que tiene su residencia en el Estado de Oaxaca.

Al resolverse el Recurso de revisión los magistrados del tribunal colegiado determinaron modificar la sentencia del juez de distrito, y otorgar el amparo liso y llano para que la autoridad responsable (el juez de la causa) decretara la inmediata libertad del inculpado, lo que debía ocurrir  con las reservas de ley y con independencia de que prosiguiera su curso la causa penal respectiva, y tomara las medidas cautelares para garantizar su apersonamiento y comparecencia en la causa penal las veces que fuera requerido.

El razonamiento del tribunal colegiado se basa en que que los efectos de la concesión del amparo establecidos por el juez de distrito, no eran congruentes con el tipo de violación del derecho a la libertad de locomoción que existe en la persona del quejoso con motivo de la dilación presentada desde la fase de pre instrucción, relativa a no resolver su situación jurídica en el término constitucional por no contar con un abogado defensor oficial que le asista como traductor e intérprete en las diligencias a que hubiera lugar, particularmente al rendir su declaración preparatoria.

Así mismo, se estableció que al transcurrir en exceso el termino previsto constitucionalmente para agotar la etapa de pre instrucción y definir el estado procesal en que debía permanecer el inculpado, se contrariaron sus derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídicos consagrados en la Constitución Política del país.

Por otra parte, al quedar demostrada la transgresión de los plazos establecidos en el articulo 19 Constitucional para justificar judicialmente la detención de una persona, el efecto del amparo desde un primer momento tuvo que ser para ordenar que el quejoso fuera puesto inmediatamente en libertad, pues la situación que estaba padeciendo era por razones no imputables a su persona, sino al Estado y sus instituciones, y la Constitución Federal no prevé la omisión de resolver su situación jurídica dentro del término de setenta y dos horas bajo el argumento de que se auto adscribió a una etnia indígena del Estado de Oaxaca.

 

Información publicada originalmente en http://juristadelfuturo.org/por-ser-indigena-un-juez-suspendio-su-proceso-mas-de-cuatro-meses/ y que se reproduce aquí con la autorización del editor.

 

 

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San Carlos Yautepec, Oaxaca: la resistencia de lo propio frente a la imposición

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Por Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani*

La libre determinación y autonomía implica el derecho de las diversas comunidades de Oaxaca a nombrar a sus autoridades (municipales/civiles/administrativas, religiosas, comunales, de comités, etc.) para conformar sus sistemas de cargos aplicando sus propias normas y procedimientos, en asamblea general comunitaria. El tema de los sistemas normativos indígenas– término acuñado para diferenciar a las comunidades que se rigen por asamblea de las que usan el sistema de partidos políticos– involucra un reconocimiento real de formas propias, comunitarias, de organizar la vida en colectividad.

En este contexto, como parte del ataque que parecer ser sistemático en contra de los sistemas normativos indígenas y la comunalidad en Oaxaca, han surgido tres argumentos. Tienen como trasfondo una visión racista de las comunidades y sus formas de organización, en el peor de los casos, o un desconocimiento total, en el mejor.

El primer argumento es que los sistemas normativos comunitarios discriminan a la mujer. Este argumento desconoce que todas las personas están sumamente ocupadas en las comunidades, y nadie puede tomarse el lujo de “no participar”, como pasa en el mundo externo. Todos deben de participar—en los cargos, en el campo, en la artesanía o el oficio, en los tequios, en las fiestas y ritos colectivos—pues la comunalidad es absorbente. Es tan absorbente que al hacer un cargo– realmente una carga– se necesita de la ayuda de toda la familia para poder sacar el compromiso. Al cumplir, es a nombre de todos los que pertenecen a su unidad familiar, y al hacerlo bien, queda bien la persona, su unidad familiar y también su familia extensiva. Más importante aún, se considera “ciudadano activo”, es decir, cumple con sus obligaciones y por ende, toda la unidad familiar tiene derechos.

El segundo tema de moda para los detractores de la comunalidad y los sistemas jurídicos comunitarios es el de los “derechos” de los “avecindados” en los municipios conurbados. En este ámbito, con total claridad y firmeza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictada en diversas resoluciones relativas a la comunidad de San Sebastián Tutla que los foráneos avecindados del fraccionamiento El Rosario, aunque sean la mayoría, no tienen tales derechos a menos que sea dentro del sistema normativo y sistema de cargos de la comunidad. Si quieren participar, que empiecen desde topil y demuestren su respeto y disposición de servir a la comunidad.

El tercer tema comúnmente manejado en contra de los sistemas normativos indígenas es la supuesta discriminación por parte de las comunidades conocidas como “cabeceras municipales” contra las conocidas como “agencias” o “agencias de policía”. Lo anterior es, como los dos anteriores, un simple ataque a los principios y valores comunitarios disfrazado con argumentos del derecho oficial, el derecho ajeno, el sistema de partidos.

El principio más importante en un municipio grande como San Carlos Yautepec, ubicado entre las regiones del Istmo y la Sierra Sur y con comunidades Zapotecas, Chontales

y Ayuujk (Mixes), es el respeto entre las comunidades. Cada comunidad tiene su territorio (por ende, existen 23 comunidades agrarias con sus respetos comisariados de bienes comunales), su asamblea como máxima autoridad, su sistema de cargos, sus tequios y sus fiestas y ritos colectivos. Por ende, cada comunidad se organiza según su idioma, su geografía, su cultura, su cosmovisión y sus prioridades.

Un proceso de “elección” usando una “planilla única”, como impuso a finales del año pasado el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), sin consultar a la comunidad a través de la asamblea general comunitaria de forma previa, libre e informada, implicó para la comunidad de San Carlos Yautepec, cabecera del municipio y del distrito, un cambio radical a sus normas comunitarias y su forma de regirse. Se asemejó totalmente al sistema de partidos políticos, en contra de los derechos colectivos de la comunidad. Lo anterior, con base en la supuesta participación de las agencias.

En la actualidad existe un cabildo nombrado por la comunidad de San Carlos Yautepec en la asamblea general comunitaria. Pero las personas “reconocidas” por el IEEPCO como autoridad municipal son quienes fueron electas por el proceso mencionado en líneas anteriores, organizado SIN consultar a San Carlos Yautepec a través de su asamblea. Estas autoridades despachan desde un lugar desconocido, aparentemente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, y reciben el dinero que pertenece a todas las comunidades del municipio.

El Tribunal Electoral de Oaxaca confirmó la validación de estas autoridades por parte del IEEPCO, igual que la Sala Regional Xalapa del TEPJF. En este momento, el asunto está en manos de la máxima autoridad electoral en el país, la Sala Superior del TEPJF. Se trata del Recurso de Reconsideración (REC) 375/2018 y 388/2018 (SUP-REC-375/2018 y SUP-REC-388/2018), a través del cual, la comunidad de San Carlos Yautepec pide a la Sala Superior reconsiderar el acuerdo del IEEPCO que aprobó este proceso anti constitucional y anti convencional (es decir, contrario a las convenciones internacionales) de “elección”, y pide que se tome como válido el cabildo nombrado por la asamblea general comunitaria bajo las normas y procedimientos que siempre se han aplicado en la comunidad. El asunto está a cargo de la magistrada bajacaliforniana, Mónica Aralí Soto Fregosa.

El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Carlos Yautepec y el Alcalde Único Constitucional entregaron, en conjunto, un informe de autoridades a las y los magistrados de la Sala Superior, en el cual detallaron información relevante que deben de tomar en cuenta al resolver el asunto, según los directrices de la Guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena, publicación de la misma Sala Superior. Además, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), A.C. presentó un amicus curiae, o escrito de amigo de la corte, describiendo información de vital importancia para dictar una resolución respetuosa de los derechos colectivos de la comunidad de San Carlos Yautepec, su forma de organización y sus normas comunitarias.

Asuntos como el de San Carlos Yautepec son de vital importancia porque permiten analizar el comportamiento de los magistrados y si toman decisiones basadas en el respeto real al pluralismo jurídico, aplicando una perspectiva intercultural. También son una mirada al acceso a la justicia que existe en México para las comunidades que defienden sus derechos colectivos a pesar de tanta adversidad, tanto racismo en contra de la comunalidad, y tanto deseo de homogenizar todas al sistema de partidos políticos.

Los ojos de todas las comunidades oaxaqueñas están fijadas sobre la Sala Superior del TEPJF y las y los magistrados que la integran, y se espera un resultado favorable para la comunidad de San Carlos Yautepec que sirva de precedente para todas las comunidades oaxaqueñas y el país entero.

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Diálogos horizontales por la Gobernanza comunitaria

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Febrero 26 de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Es fundamental que las políticas públicas incorporen el enfoque de interculturalidad.
  • Los diálogos entre ciudadanías y gobierno son base para la cohesión social.
  • La articulación interinstitucional obliga a transversalizar enfoques de género, intergeneracionalidad y sustentabilidad.

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Villa Díaz Ordaz, Oaxaca, a veintiseis de febrero de 2018. En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II Oaxaca y desde el proyecto “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”; el pasado sábado 24 de febrero se reunieron en una mesa de diálogo, Autoridades municipales y liderazgos comunitarios de Villa Díaz Ordaz con integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. En estas mesas participaron la Lic. María Cristina Emigdia Ruíz Ruíz por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Mtra. Marie Augouy por parte de la Delegación de la Unión Europea en México y el Mtro. Javier Francisco Javier Ruíz Arteaga y el Dr. Mauro Gasbarra de la Asistencia Técnica Internacional.

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Durante el diálogo, las Autoridades municipales y líderes comunitarias compartieron las fortalezas y los retos en materia de gobernanza comunitaria reconociendo la importancia de contar con un proceso de actuación conjunto en el que se tomen en cuenta la diversidad de características sociales, culturales y políticas, aludiendo al reconocimiento y respeto de las formas de organización de cada comunidad.

Finalmente, se definieron estrategias para iniciar trabajos de articulación y dar seguimiento al fortalecimiento de la gobernanza a nivel comunitario y estatal a través de la participación ciudadana y el ejercicio pleno de derechos; entre los que destacan, el fortalecimiento a través de diálogos horizontales entre Autoridades municipales, comunitarias, titulares de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de consolidar compromisos por la gobernanza.

 

Facebook: @GobernanzaOaxaca

Twitter: @Gob_Comunitaria

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El derecho al derecho a la lengua materna

No hay texto alternativo automático disponible.

Carlos Morales Sánchez*

Hace algunos años, cuando laboraba como defensor público federal, defendí a Xhunaxhi, joven indígena zapoteca, ojo biche herencia de antepasados franceses. Con ella tuve la oportunidad de empezar a luchar por hacer vigente el derecho de la persona indígena a utilizar la lengua materna en los procesos judiciales. Ella estudiaba para maestra en la Normal Superior y tenía dificultad para comunicarse en castellano. No iba bien en la escuela, para congraciarse con uno de sus maestros le trajo del Istmo tres docenas de chita bigu.

Aquella mañana de mayo de 2005, el hambre le hizo una mala jugada, ante la falta de dinero tomó 12 huevos de quelonio marino y los cambió por un queso a un vendedor ambulante. Se disponía a marcharse cuando llegó la policía. Fue llevada a las oficinas de la Fiscalía. Al día siguiente, su madre después de empeñar un terrenito, pagó la fianza fijada por el delito ambiental y Xhunaxhi recobró su libertad.

“Li, li”, —decía en la oficina de la defensoría pública federal del Juzgado Octavo de Distrito, desde la musicalidad del zapoteco antes de su declaración preparatoria— “yo no puedo hablar bien con juez, no hablo bien castilla, no será posible que tú que mero eres mi paisano me auxilies con la idioma para que yo me defienda bien”. Pedí al juez le asignara un traductor pero ella decía mitad en broma mitad en serio: “ni el traductor, ni la autoridad me entienden, yo quiero la justicia en zapotecu”.

Ahí nació la idea de promover, de hacer escritos en lengua indígena que visibilizaran que los procesos penales no era coto exclusivo del castellano sino que era posible promover en cualquiera de los idiomas originarios. Xhunaxhi Albis Franco y yo nos pusimos a trabajar. Empezamos a escribir y la lengua de los ancestros se resistía a ser insertada en un papel. La gramática de Velma Picket era una de las herramientas. Llevábamos más de la mitad del amparo en la dulce lengua Diidxazá cuando recibimos la noticia de que el tribunal unitario había acogido nuestro agravio de la ausencia de la conciencia de la antijuridicidad, revocado el auto de formal prisión, decretado la libertad y nos quedamos sin acto reclamado.

Nunca más volví a ver a Xhunaxhi, espero haya terminado su carrera y es posible que ahora imparta en zapoteco clases de educación física a niños indígenas en algún pueblo olvidado de nuestra geografía oaxaqueña. Un año más tarde, en el turbulento 2006, otra defendida mía Amelia Castillo Galán, indígena chinanteca suscribiría la primera demanda de amparo en lengua indígena. Pero esa es otra historia.

 

*Ex defensor público federal, actualmente, además de conferencista, abogado postulando y presidente de Litigio Estratégico Indígena A. C.

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Compromisos por una gobernanza comunitaria en la región Valles Centrales

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Diciembre 9 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Los procesos de reflexión y diálogos de experiencias son fundamentales para mejorar las realidades de nuestras comunidades
  • La articulación entre ciudadanía y gobierno es fundamental para incrementar la cohesión social de nuestro Estado.

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a nueve de diciembre de 2017. El equipo de Gobernanza Comunitaria reconoce a los y las ciudadanas de la región Valles Centrales su participación en el Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, realizado por cinco organizaciones de la sociedad civil: Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda), Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A. C. (CEPIADET), Diversidades y No Discriminación (Diversidades), Iniciativas para el Desarrollo de una Economía Alternativa y Solidaria, A. C. (IDEAS Comunitarias) y Propuesta Integral para la Sustentabilidad (Propuesta), a través del programa de Laboratorio de Cohesión social II y cofinanciado por las OSC y la colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

En este acto se reconoció el compromiso de las comunidades participantes, Villa Díaz Ordaz, Teotitlán del Valle, Santa Catarina Quiané, San Juan Chapultepec y San Pablo Güilá; para la generación y continuidad de propuestas de acción con un enfoque de sustentabilidad, integeneracionalidad, interculturalidad y de género que fortalezcan la gobernanza en sus comunidades.

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Por su parte, Diana Alba Pasarán, integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca e integrante del grupo asesor interinstitucional que acompaña este proyecto; enfatizó en la importancia de contar con diplomados que integren e impulsen procesos de reflexión y acciones para contribuir en mejorar las realidades de nuestras comunidades, a través de diálogos entre autoridades, líderes de la comunidad y las personas que viven en la comunidad, en tanto que son ellas la base organizacional con atribuciones y facultades delimitas, y la primera referencia para la resolución de las problemáticas cotidianas; así como quienes mejor conocen las realidades de las personas en sus comunidades, teniendo con ello una visión integral y aterrizada de las posibles respuestas y soluciones.

Finalemente se destacó la importancia de retomar e intercambiar experiencias, con una mirada intercultural, intergeneracional y con enfoque de género que nutran a la toma de decisiones y el desarrollo de acciones orientadas al buen vivir, sobre todo a favor de la cohesión social en el país y en el estado de Oaxaca.

 

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