Diálogos horizontales por la Gobernanza comunitaria

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Febrero 26 de 2018.

COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Es fundamental que las políticas públicas incorporen el enfoque de interculturalidad.
  • Los diálogos entre ciudadanías y gobierno son base para la cohesión social.
  • La articulación interinstitucional obliga a transversalizar enfoques de género, intergeneracionalidad y sustentabilidad.

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Villa Díaz Ordaz, Oaxaca, a veintiseis de febrero de 2018. En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II Oaxaca y desde el proyecto “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”; el pasado sábado 24 de febrero se reunieron en una mesa de diálogo, Autoridades municipales y liderazgos comunitarios de Villa Díaz Ordaz con integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. En estas mesas participaron la Lic. María Cristina Emigdia Ruíz Ruíz por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Mtra. Marie Augouy por parte de la Delegación de la Unión Europea en México y el Mtro. Javier Francisco Javier Ruíz Arteaga y el Dr. Mauro Gasbarra de la Asistencia Técnica Internacional.

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Durante el diálogo, las Autoridades municipales y líderes comunitarias compartieron las fortalezas y los retos en materia de gobernanza comunitaria reconociendo la importancia de contar con un proceso de actuación conjunto en el que se tomen en cuenta la diversidad de características sociales, culturales y políticas, aludiendo al reconocimiento y respeto de las formas de organización de cada comunidad.

Finalmente, se definieron estrategias para iniciar trabajos de articulación y dar seguimiento al fortalecimiento de la gobernanza a nivel comunitario y estatal a través de la participación ciudadana y el ejercicio pleno de derechos; entre los que destacan, el fortalecimiento a través de diálogos horizontales entre Autoridades municipales, comunitarias, titulares de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de consolidar compromisos por la gobernanza.

 

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El derecho al derecho a la lengua materna

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Carlos Morales Sánchez*

Hace algunos años, cuando laboraba como defensor público federal, defendí a Xhunaxhi, joven indígena zapoteca, ojo biche herencia de antepasados franceses. Con ella tuve la oportunidad de empezar a luchar por hacer vigente el derecho de la persona indígena a utilizar la lengua materna en los procesos judiciales. Ella estudiaba para maestra en la Normal Superior y tenía dificultad para comunicarse en castellano. No iba bien en la escuela, para congraciarse con uno de sus maestros le trajo del Istmo tres docenas de chita bigu.

Aquella mañana de mayo de 2005, el hambre le hizo una mala jugada, ante la falta de dinero tomó 12 huevos de quelonio marino y los cambió por un queso a un vendedor ambulante. Se disponía a marcharse cuando llegó la policía. Fue llevada a las oficinas de la Fiscalía. Al día siguiente, su madre después de empeñar un terrenito, pagó la fianza fijada por el delito ambiental y Xhunaxhi recobró su libertad.

“Li, li”, —decía en la oficina de la defensoría pública federal del Juzgado Octavo de Distrito, desde la musicalidad del zapoteco antes de su declaración preparatoria— “yo no puedo hablar bien con juez, no hablo bien castilla, no será posible que tú que mero eres mi paisano me auxilies con la idioma para que yo me defienda bien”. Pedí al juez le asignara un traductor pero ella decía mitad en broma mitad en serio: “ni el traductor, ni la autoridad me entienden, yo quiero la justicia en zapotecu”.

Ahí nació la idea de promover, de hacer escritos en lengua indígena que visibilizaran que los procesos penales no era coto exclusivo del castellano sino que era posible promover en cualquiera de los idiomas originarios. Xhunaxhi Albis Franco y yo nos pusimos a trabajar. Empezamos a escribir y la lengua de los ancestros se resistía a ser insertada en un papel. La gramática de Velma Picket era una de las herramientas. Llevábamos más de la mitad del amparo en la dulce lengua Diidxazá cuando recibimos la noticia de que el tribunal unitario había acogido nuestro agravio de la ausencia de la conciencia de la antijuridicidad, revocado el auto de formal prisión, decretado la libertad y nos quedamos sin acto reclamado.

Nunca más volví a ver a Xhunaxhi, espero haya terminado su carrera y es posible que ahora imparta en zapoteco clases de educación física a niños indígenas en algún pueblo olvidado de nuestra geografía oaxaqueña. Un año más tarde, en el turbulento 2006, otra defendida mía Amelia Castillo Galán, indígena chinanteca suscribiría la primera demanda de amparo en lengua indígena. Pero esa es otra historia.

 

*Ex defensor público federal, actualmente, además de conferencista, abogado postulando y presidente de Litigio Estratégico Indígena A. C.

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Compromisos por una gobernanza comunitaria en la región Valles Centrales

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Diciembre 9 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Los procesos de reflexión y diálogos de experiencias son fundamentales para mejorar las realidades de nuestras comunidades
  • La articulación entre ciudadanía y gobierno es fundamental para incrementar la cohesión social de nuestro Estado.

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a nueve de diciembre de 2017. El equipo de Gobernanza Comunitaria reconoce a los y las ciudadanas de la región Valles Centrales su participación en el Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, realizado por cinco organizaciones de la sociedad civil: Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda), Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A. C. (CEPIADET), Diversidades y No Discriminación (Diversidades), Iniciativas para el Desarrollo de una Economía Alternativa y Solidaria, A. C. (IDEAS Comunitarias) y Propuesta Integral para la Sustentabilidad (Propuesta), a través del programa de Laboratorio de Cohesión social II y cofinanciado por las OSC y la colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)

En este acto se reconoció el compromiso de las comunidades participantes, Villa Díaz Ordaz, Teotitlán del Valle, Santa Catarina Quiané, San Juan Chapultepec y San Pablo Güilá; para la generación y continuidad de propuestas de acción con un enfoque de sustentabilidad, integeneracionalidad, interculturalidad y de género que fortalezcan la gobernanza en sus comunidades.

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Por su parte, Diana Alba Pasarán, integrante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca e integrante del grupo asesor interinstitucional que acompaña este proyecto; enfatizó en la importancia de contar con diplomados que integren e impulsen procesos de reflexión y acciones para contribuir en mejorar las realidades de nuestras comunidades, a través de diálogos entre autoridades, líderes de la comunidad y las personas que viven en la comunidad, en tanto que son ellas la base organizacional con atribuciones y facultades delimitas, y la primera referencia para la resolución de las problemáticas cotidianas; así como quienes mejor conocen las realidades de las personas en sus comunidades, teniendo con ello una visión integral y aterrizada de las posibles respuestas y soluciones.

Finalemente se destacó la importancia de retomar e intercambiar experiencias, con una mirada intercultural, intergeneracional y con enfoque de género que nutran a la toma de decisiones y el desarrollo de acciones orientadas al buen vivir, sobre todo a favor de la cohesión social en el país y en el estado de Oaxaca.

 

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Reconocimiento a las y los ciudadanos comprometidos con la gobernanza en la región Mixteca

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COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Inicia proceso de implementación de propuestas como resultado del Diplomado intercultural bilingüe en Gobernanza comunitaria.
  • La participación ciudadana y el compromiso de las autoridades ha sido reconocida como fundamental para la Gobernanza Comunitaria

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Heróica Ciudad de Tlaxiaco, dos de diciembre de 2017. En un acto de clausura, el equipo de Gobernanza Comunitaria conformado por cinco organizaciones de la sociedad civil: Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda), Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A. C. (CEPIADET), Diversidades y No Discriminación (Diversidades), Iniciativas para el Desarrollo de una Economía Alternativa y Solidaria, A. C. (IDEAS Comunitarias) y Propuesta Integral para la Sustentabilidad (Propuesta), a través del programa de Laboratorio de Cohesión social II y cofinanciado por las OSC y la colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), entregó Diplomas a los y las egresadas del Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, región Mixteca.

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En este evento se reconocieron los esfuerzos y compromisos que las personas de las comunidades de Santa María Yucuhiti, Santiago Nuyoó, Santa María Cuquila y Ciudad de Tlaxiaco realizaron durante su participación en el diplomado, especialmente, en el análisis, reflexión y generación de propuestas de acción que permitirán fortalecer la gobernanza comunitaria incorporando los enfoques de interculturalidad, intergeneracionalidad, género y sustentabilidad.

Se enfatizó la importancia de continuar con los diálogos entre las ciudadanías y las autoridades en las siguientes fases, mismas que contemplan la implementación de un sistema de mentorías y seguimiento, donde se llevarán a cabo mesas de dialogo, talleres y encuentros regionales que podrán nutrir las acciones seleccionadas para abonar a las buenas prácticas de gobernanza.

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Para finalizar la clausura, la ciudadana Margarita López López, de la agencia de Miramar, Santa María Yucuhiti, compartió un mensaje en lengua mixteca para agradecer y reconocer el trabajo y la compartencia de experiencias por parte de cada una de las personas participantes, enfatizando que el finalizar este proceso marca el inicio de un caminar individual y colectivo para la práctica de lo aprendido.

El equipo de Gobernanza comunitaria enfatizo los avances que representa la articulación entre gobierno-ciudadanía en la toma de decisiones y el desarrollo de acciones orientadas al buen vivir, sobre todo a favor de aumentar el grado de cohesión social en el país y, en particular, en el Estado de Oaxaca.

 

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La SCJN y la Ley de Seguridad Interior

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Por Carlos Morales Sánchez*

Oaxaca, México.- 4 de diciembre de 2017.- Aquella mañana templada del 2010, llegué al edificio frio y gris de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las jacarandas matizaban el gris plomizo de la sede del tribunal más alto. En la agenda de los asuntos a sesionar de la Primera Sala estaban tres asuntos que como defensor público federal postulaba.

Defendí a tres personas indígenas que, en tres momentos diferentes, habían sido sentenciadas por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de estupefaciente. Cada una de ellas, por separado había sido detenida en un retén militar, llamados eufemísticamente “puesto de control” o “puesto de revisión”.

El argumento principal esgrimido en la demanda de Amparo Directo en Revisión era la inconstitucionalidad de los retenes y en consecuencia la inconstitucionalidad de las detenciones que tornaba ilícitas –en virtud de la Fruit of the poisonous tree (doctrina que declara inadmisible las pruebas obtenidas ilegalmente)– incluso el objeto material asegurado en la detención.

Tradicionalmente se había dicho que los retenes eran inconstitucionales porque violentaban el derecho al libre tránsito. En mis demandas de amparo me aparté de ese argumento e introduje uno nuevo. Indiqué que la instalación de los retenes militares violaba el artículo 129 de la Constitución Federal porque en tiempo de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar pues las tareas de seguridad pública corresponden exclusivamente a las policías.

Para evitar que la autoridad judicial aplicaran la jurisprudencia P./J. 38/2000 que establece que “las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen”, es decir, que las autoridad militares pueden intervenir siempre y cuando medie la petición de una autoridad civil argumenté que en los casos que se analizaban no mediaba ninguna petición de autoridad civil.

Durante el curso de los procesos penales había solicitado a las autoridades militares remitieran las órdenes escritas fundadas y motivadas de la instalación de los puestos de control militar. También solicité informaran si alguna autoridad civil había solicitado en auxilio la instalación de los retenes. Las respuestas fueron en el mismo sentido: no tenían orden fundada y motivada que autorizara la instalación de los retenes y ninguna autoridad civil les había solicitado auxilio.

La Primera Sala de la SCJN tuvo en sus manos la posibilidad de ordenar el regreso del instituto armado a los cuarteles. Si la Corte hubiese determinado la inconstitucionalidad de los retenes militares estaría, de facto, prohibiendo la actuación de militares en tareas de seguridad pública. Al final, tras una votación cerradísima quedamos dos a tres. Los votos quedaron para la historia: a favor fueron los de Cossío y Záldivar Lelo de Larrea.

El voto mayoritario eludió analizar la constitucionalidad de los retenes y desde el análisis de la flagrancia se argumentó que las detenciones eran lícitas porque la flagrancia autorizaba incluso a los particulares a detener a una persona en el momento mismo de la comisión. La SCJN aún no había generado la teoría de los tres niveles de contacto tomada de la jurisprudencia norteamericana.

En el voto particular, que no tiene desperdicio alguno, el ministro Cossío planteaba que ya era hora de analizar la constitucionalidad de los retenes más allá de la flagrancia y las razones de su disenso del voto mayoritario. El voto, que en lo esencial coincide con lo propuesto por la defensa, está enmarcado en lo más alto de mi oficina.

Aquella mañana, abandoné el edificio de Pino Suárez con desazón. Crucé el Zócalo adornado por la grandiosidad de nuestro lábaro patrio. Tuve la certeza de que el clima de inseguridad que primaba entonces (hoy estamos peor) era la razón por la que tres ministros votaron en contra.

Años después, fui invitado a participar en una reunión de expertos en uso de la fuerza y derechos humanos. Todos nos fuimos presentando. En un receso se me acercaron servidores públicos militares: “¿usted es el defensor oaxaqueño que llevó tres amparos ante la Corte argumentando la inconstitucionalidad de los retenes?”. “Si”, respondí temeroso. “Nosotros prendimos una veladora para que la Corte le concediera el amparo”. Asombrado inquirí la razón: “No es nuestra guerra. Las policías deben cumplir ese papel. Nosotros queremos regresar a nuestros cuarteles.”

El martes, el Senado de la República votará la Ley de Seguridad Interior que legaliza la intervención de los institutos armados en tareas plenas de seguridad pública sin necesidad de que medie declaratoria, otorgándole incluso el mando en operaciones civiles. Esta ley clasificará como de seguridad nacional las actividades realizadas en tareas de seguridad pública encubiertas bajo el nombre de “seguridad interior” y clasificadas de esta manera estarían a salvo del escrutinio ciudadano. Ernesto López Portillo, de Insyde, ya ha alertado con mucha claridad sobre los riesgos de la ley. Espero que el Senado tenga la sensibilidad para no aprobarla.

Si el Senado la aprueba, el interés legítimo posibilitará que ciudadanos acudamos ante la SCJN demandando la inconstitucionalidad de la ley a través del amparo. La CNDH y el grupo parlamentario del PRD harán su parte a través de las acciones de inconstitucionalidad. Otra vez, la pelota estará en la cancha de la SCJN. Ojalá que ahora el máximo tribunal del país si se atreva.

 

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Concluye proceso formativo en Gobernanza Comunitaria en la región Mixteca

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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Noviembre 11 de 2017.

COMUNICADO DE PRENSA

 

  • Cumplimiento de los derechos humanos a través del fortalecimiento de la participación ciudadana
  • Diálogos interculturales e intergeneracionales para el ejercicio de la gobernanza comunitaria

 

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El día sábado 11 de noviembre, en la comunidad de Santa María Cuquila en la región Mixteca, se realizó el cierre del Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, mismo que fue realizado en el marco del proyecto “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”, diseñado e implementado por una red de 5 organizaciones oaxaqueñas desde el programa de Laboratorio de Cohesión social II y cofinanciado por las OSC y la colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

En este proceso formativo participaron alrededor de 45 personas líderes y clave de las comunidades de Santa María Cuquila, Santiago Nuyoó, Santa María Yucuhiti y Heroica Ciudad de Tlaxiaco; quienes reflexionaron sobre las prácticas de gobernanza comunitaria desde los enfoques de intergeneracionalidad, sustentabilidad, género e interculturalidad, en sesiones bilingües español-mixteco en dos de sus variantes.

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En el cierre se realizaron mesas de diálogo y análisis entre las personas participantes y las autoridades municipales y comunitarias de cada comunidad, esto con acompañamiento del Grupo Asesor Interinstitucional del proyecto. El resultado fue identificar las oportunidades existentes, en cada comunidad, para fortalecer la gobernanza a nivel comunitario, regional y estatal a través de la participación ciudadana, el ejercicio de derechos y la compartencia de saberes y pensares entre distintas generaciones. Finalmente, se realizó una exposición y trueque de productos locales y un ritual propio de Santa María Cuquila en el cual se ofrendó de manera respetuosa un agradecimiento colectivo.

 

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Concluye Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, región Valles Centrales

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COMUNICADO DE PRENSA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Noviembre 4 de 2017.

 

  • Diálogos entre líderes comunitarios y autoridades municipales para el ejercicio de una gobernanza incluyente
  • Fortaleciendo la participación ciudadana a partir del ejercicio de los derechos humanos

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El pasado sábado 4 de noviembre se realizó el cierre del Diplomado Intercultural Bilingüe en Gobernanza Comunitaria, en el cual participaron 45 personas líderes y actores clave de las 5 comunidades de la región de Valles Centrales. Dicho evento tuvo lugar en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y contó con la participación del grupo asesor interinstitucional conformado por el Lic. Juan Gómez Pérez, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IAIPO); la Lic. Zenaida Pérez Gutiérrez, de Santa María Tlahuitoltepec; la C. Rafaela Hernández Chávez, de Tlalixtac de Cabrera; la Dra. Juana Yolanda López Cruz y Dra. María Eufemia Pérez Flores, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca; y la  Lic. Diana Alva Pazarán, de DDHPO. Así como de las autoridades municipales de las comunidades participantes: Teotitlán del Valle, Sata Catarina Quiané, San Juan Chapultepec, San Pablo Guilá y Villa Díaz Ordaz.

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Las actividades consistieron en mesas de diálogo y análisis entre autoridades municipales, integrantes del grupo asesor interinstitucional y las personas participantes del diplomado, sobre las oportunidades que existen, en cada una de sus comunidades, para contribuir en el fortalecimiento de la gobernanza a nivel comunitario y estatal a través de la participación ciudadana y el ejercicio de derechos.

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En este proceso formativo se reflexionó sobre las prácticas de gobernanza comunitaria desde los enfoques de intergeneracionalidad, sustentabilidad, género e interculturalidad en sesiones bilingües español-zapoteco.  Esto en el marco del proyecto “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”, diseñado e implementado por una red de 5 organizaciones oaxaqueñas desde el programa de Laboratorio de Cohesión social II y cofinanciado por las OSC y la colaboración entre la Unión Europea (UE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

 

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