- Parte de las acciones implementadas fue la elaboración de un Plan de Acción Comunitaria e Integral (PACI).
OAXACA, México, 14 de Julio 2020.- (CEPIADET). En un contexto donde la violencia de género se ha vuelto frecuente, autoridades de la comunidad mixteca de Santa María Yucuhiti, en coordinación con la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), unieron esfuerzos para combatir esta problemática que tuvo como resultado la generación del “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti”.
Dicho plan fue presentado por Eugenia García Ballesteros, quien coordinó el proyecto denominado en mixteco “Da ña ́a yuku iti natyituvidaa nu tekuda sana koka tixin” (Mujeres de Yuku iti forjando una vida libre de violencia) y durante el período 2018 – 2019 fue Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca.
A través de un webinario, participó también Gregorio Cirilo España García, Alcalde de la Agencia Municipal de Guadalupe Buena Vista, de esta misma demarcación, así como Gerardo Martínez Ortega, Coordinador de Jurídico y Litigio del Cepiadet, y moderó el espacio Anaíd Sierra Fajardo.
“En Santa María Yucuhiti, municipio declarado en Alerta de Género, o en foco rojo, los casos que más se presentan son de violencia familiar, como son maltratos físicos, psicológicos, económicos y patrimoniales”, mencionó por su parte el Alcalde Municipal, Gregorio Cirilo España García, durante la presentación del documento, vía internet, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
En dicho espacio, García Ballesteros señaló que las agresiones contra mujeres en esta localidad de la mixteca oaxaqueña, situada a dos horas de Tlaxiaco, su cabecera municipal, habían escalado al punto de que una regidora fue agredida psicológica y sexualmente por parte de integrantes del mismo Cabildo, hecho que resonó debido a que era imposible que
la parte agresora hiciera justicia a la víctima, siendo juez y parte, por lo que el caso tuvo que ser llevado a la Fiscalía General del Estado.
Expuso que desde la Instancia Municipal de las Mujeres que encabezó en el período 2018 -2019, impulsó la construcción de propuestas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, sumando la perspectiva de las autoridades comunitarias para hacer justicia a las víctimas.
La violencia de género, agregó, es como una pandemia silenciosa, no
siempre es visibilizada, sobre todo dentro de las comunidades. “Pareciera
que la violencia no existe o no se da, sin embargo, uno se da cuenta de estás problemáticas cuando llega a ser autoridad”, recalcó.
Explicó que en respuesta a la problemática, autoridades comunitarias y la Instancia Municipal de la Mujer emprendieron acciones estratégicas conjuntas con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del proyecto “Mujeres de Yucuhiti forjando una vida libre de violencia” que se desarrolló durante el año 2019.
Su oportunidad, Edith Matías Juan, Coordinadora de Proyectos del Cepiadet, destacó que la organización brindó su respaldo y dio acompañamiento a dicho proyecto en conjunto con especialistas, realizando reuniones y grupos focales con autoridades y ciudadanía en todas las agencias de Yucuhiti.
Dijo que el “Plan de acción comunitaria e integral para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres de Santa María Yucuhiti” es una herramienta que puede resonar en otras comunidades y puede servir para resignificar el espacio de diálogo con la participación ciudadana en muchas comunidades.
“Con la participación de las mujeres se realizó un diagnóstico de sus necesidades en cuanto a justicia comunitaria y qué esperaban como mujeres y ciudadanas de sus autoridades”, indicó.
Detalló que, por eso, el abogado triqui Gerardo Martínez Ortega trabajó con autoridades municipales para identificar los casos de agresiones contra mujeres que atendían, y cómo los resolvían de acuerdo con su propio sistema de justicia y también la manera en que respetaban los derechos humanos.
Durante el webinario, Martínez Ortega puntualizó que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como autoridades indígenas están obligadas a intervenir de cualquier caso que se les presente o se trate de cuestiones en las que ellos tienen competencia como una forma de proteger derechos humanos, principalmente, de las mujeres.
Contó de un caso ocurrido Guadalupe Buena Vista donde intervino la autoridad comunitaria y resolvió el asunto adoptando medidas de protección para la víctima y sus dos hijos, ordenó la separación del agresor del domicilio donde vivían y decretó un monto de pensión alimenticia, lo cual es resultado de los trabajos que se efectuaron en el marco de la ejecución del proyecto.
Webinario completo: https://www.facebook.com/Cepiadetpag/videos/4013502548721159/
Escucha el podcast: https://mx.ivoox.com/es/plan-accion-comunitaria-e-integral-para-mejorar-audios-mp3_rf_53778975_1.html
En el marco del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo que se desarrolló en la Ciudad de México, previo a la declaratoria del Decenio de las Lenguas Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), El Presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC (CEPIADET) Tomás López Sarabia, expuso los retos y desafíos en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas, particularmente en el acceso a la justicia en México.
López Sarabia durante su intervención manifestó que: Ante un escenario de diversidad lingüística y cultural, un marco normativo legal que reconoce el uso de las lenguas indígenas en diversos espacios públicos, es claro que el Estado a través de sus instituciones ha quedado muy limitado para poder garantizar los derechos lingüísticos, incluso mencionó a pesar de los criterios reconocidos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poco han sido observados por las instituciones responsables del tema.
Unos de nuestros logros en materia de traducción e interpretación en lenguas indigenas es que: Generamos un padrón de intérpretes que cubre casi la totalidad de variantes existentes en el estado de Oaxaca; desarrollamos metodologías para la formación de intérprete y traductore, los cuales son formados de manera constante, quienes colaboran con instituciones de procuración de administración y justicia en el orden local, nacional e internacional; con esta acciones se ha logrado incidir para el pago de los servicios de interpretación y traducción, siendo una manera de dignificar el trabajo realizado, esto es solo una pequeña muestra de lo que se puede hacer para revertir el escenario de acceso a la justicia para población indígena en su lengua.
El derecho a la justicia implica que las personas indígenas accedan a la justicia estatal a través del ejercicio de una serie de derechos específicos como una defensa adecuada, la inclusión de intérpretes, traductores, peritos, abogados especializados, entre otros.
